La justicia para las mujeres víctimas, es un reclamo social justo sin más, aunque hay que reconocer que no hay un consenso socializado sobre lo que la justicia nos significa, cada quien interpreta, accede, demanda y ejerce lo que considera que debe ser. El problema inicia cuando no se da, se hace inaccesible ante la corrupción y la imposibilidad de contar con una buena defensa que esté del lado de la víctima siempre, y siempre es de verdad siempre, porque hay cada historia que en verdad resulta inconcebible.
No recuerdo que se haya impulsado una verdadera discusión desde lo local sobre el tema de justicia para las mujeres y lo que esto nos significa, la importancia que tiene para las víctimas, en donde de principio se establezca un dialogo constructivo, con acuerdos de respeto, intercambio y reconocimiento para ESCUCHARNOS, para eso sirven las reuniones internacionales o nacionales que impulsa ONU Mujeres y que en puerta está una en Beijing +25.
Lo que sí he visto, es que la ciudadanía y las feministas de manera conjunta con algunas organizaciones civiles, sí buscan mecanismos que permitan abordar el tema de la justicia y su necesaria restauración, lo han hecho a través de tribunales ciudadanos con la presencia de personas que son reconocidas por su trayectoria y su conocimiento, en espacios en donde se dieron los hechos y las circunstancias más dolorosas para esa comunidad, como una manera de restaurar la credibilidad sobre sus dichos y sus pérdidas, pero sobre todo estableciendo a la palabra como verdad y como única garantía para que se dé la justicia.
La verdad sobre los hechos es de vital importancia, la palabra cobra un papel trascendental para la justicia, narrar lo sucedido y poder escuchar el por qué lo hizo por parte del inculpado o imputado, tiene una repercusión importante para la víctima y sus familiares, misma que forma parte del acceso a la justicia.
En mi experiencia del proceso de acompañamiento que nos han permitido las familias de las víctimas, la sentencia de culpabilidad del imputado resulta reparadora ante el agobio de la incertidumbre que generó el propio hecho al privar de la vida a la víctima, saber la verdad es parte de eso que llamamos justicia, además de que se experimenta algo así como una felicidad que algunos definen más allá de un consuelo y una sensación de paz.
Ahora bien, acompañar a la víctima o familia de las víctimas implica principalmente reflexionar en todo momento sobre la información que se va conociendo y vertiendo conforme a las investigaciones, para qué sirve, por qué es importante, qué valor puede tener, se requiere de explicar en todo momento y cuestionar ante las autoridades si es conveniente o no, se requiere establecer un trabajo estrecho, respetuoso, incluso fuerte para con las autoridades, la familia y la víctima, para decir lo que no se está de acuerdo y la forma en que puede afectar una decisión en el proceso de acceso a la justicia, es decir se requiere de conocimientos sobre derechos humanos, justicia, procedimientos penales, juicio oral, ética, así como saber y reconocer todas las capacidades y las incapacidades que una persona acompañante tiene, ya que pueden verse cuestionadas, porque son momentos muy álgidos y dolorosos.
Es importante tomar en cuenta que ninguna sentencia condenatoria será reparadora de la vida de la víctima, ese dolor, esa pérdida tiene que trabajarse con el apoyo integral que deben proporcionarles las autoridades, y que es parte de la reparación del daño. Por lo que debe establecerse desde el/la Juez/a de Control como una pauta desde el inicio, con la finalidad de que el tribunal de enjuiciamiento refuerce esos derechos humanos que son parte del debido proceso.
En ese sentido, también es necesario desestigmatizar que la familia de la víctima acceda a la reparación del daño, es parte de sus derechos, aunque también es un beneficio que la ley le otorga al imputado, en muchos de los casos hemos constatado que los agresores no cuentan con recursos económicos que les ayuden hacer frente a esta penalización económica y que implicaría una disminución en la sentencia que se concluyó durante el juicio y en la que regularmente sus familias no pueden apoyarlos.
Las Naciones Unidas, señalan que “la justicia es un principio básico del estado de derecho”, destacando que “sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones. La Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, y reafirmó el compromiso de los Estados Miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promovieran el acceso a la justicia para todos, entre ellos la asistencia jurídica”, esta declaración fue firmada en el año 2012.
La importancia de contar con asistencia jurídica es de suma importancia, las decisiones que se tomen en este contexto resultan trascendentales para el acceso a la justicia, explicar cada proceso y acto de investigación, permite a las víctimas tener conocimiento y establecer mínimos irreductibles para acceder a la justicia, por eso importante que las víctimas siempre estén presentes en las negociaciones, audiencias, acuerdos y demás reuniones que encaucen a la verdad, el desistimiento nunca es una salida digna, luchar por la justicia le permite a la víctima resignificar su espacio como sujeta de derechos y reposicionar su valor en la sociedad, pero principalmente ante el agresor de que eso no se puede hacer, además de proveerle a la familia la paz que busca.
Acceder a la justicia implica que la administración debe ser imparcial y no discriminatoria, y qué sucede cuando la discriminación es un asunto real que enfrentan las víctimas, y que debe ser atendida por las dependencias responsables no sólo de la atención a víctimas, de procuración y administración de justicia sino de todas aquellas que impidan que vuelvan a ser víctimas, es decir el estado tendría que proveerles sus derechos básicos más sustanciales como salud, educación, trabajo, etc. porque de lo que se trata es que nunca más se justifique la violencia feminicida, que las mujeres de verdad se empoderen y no que crean que lo están.
El feminicidio es indicativo de que todo el sistema de justicia y de derechos humanos colapso, no queremos tampoco la complicidad y la tolerancia de la sociedad que sigue creyendo que la violencia es pelito de dos, de novios, de que así se llevan, tolerar estos hechos les hace cómplices y de alguna manera culpables de omisión a quienes sabían sobre esta violencia, casi en todos los casos de feminicidio que acompañamos las familias de las víctimas sabían que las mujeres estaban siendo violentadas, incluso en ocasiones les cerraron las puertas cuando pidieron auxilio, no se puede ser tan indolente ni ignorar que esto sucede, nadie exagera, siempre hay un motivo por el cual vale la pena apoyar a la víctima de violencia porque eso si nunca habrá justificación alguna para cuando es privada de la vida. No necesitamos pensarlo sino hacerlo, por una vida libre violencia hacia las mujeres, ya!
