Recientemente tuvimos la demostración de un sistema que en muchas ocasiones no sabe para donde caminar; que deja de lado el concepto “justicia”, lo esconde en un cajón de impunidad y da paso a sólo instrumentar una serie de leyes que en nada responden al sentir de los mexicanos.
Cuando se habla de impunidad es importante reconocer el papel tan relevante que tienen las fiscalías en la tragedia, pues la mayoría de ocasiones es su acción u omisión la que permite que existan criminales libres. Sin embargo, en las ultimas semanas el poder judicial ha sido el protagonista de este mal, por eso es fundamental reconocer que existen decisiones que se encuentran alejadas del sentir colectivo y siguen justificando la necesidad de realizar una reforma que se sostiene sobre un anhelo profundo de justicia, pero podría terminar siendo el mayor atentado que pudiera existir contra el equilibrio de poderes.
El mismo día se dieron a conocer dos decisiones de los jueces que sacudieron la memoria del país. De los episodios más lamentables en tiempos recientes, donde salieron a flote las peores prácticas de criminales que causaron mucho dolor e indignación, y que sencillamente, los dejaron ir. A uno lo mandaron a cumplir una condena a su casa, lo que pareciera más un privilegio, y al otro le abrieron de par en par las puertas de una prisión.
Mario Marín, “el gober precioso” estaba preso por mandar detener y torturar a la periodista Lydia Cacho, quien escribiera los Demonios del Edén, una investigación sobre la red de pederastia en el país, comandado por personajes con poder económico y político.
Mario Marín seguirá su proceso en “prisión domiciliaria”. La jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, jueza segunda de Quintana Roo, cambió las medidas cautelares, como si no fuera un personaje de lo más peligroso, como si fuera justo otorgarle estos beneficios.
Este personaje triste de la historia nacional protegía una red de explotación infantil, se puso del lado de Kamel Nacif Borge y Jean Succar Kuri, quienes fueron exhibidos por administrar esta inhumana práctica, donde atentaban con lo más sagrado que tenemos como sociedad. Hoy duerme en casa, seguramente sin tantas cicatrices en la mente como las que provocó en cientos de niños víctimas.
El segundo caso es el de María Elena Ríos, mujer oaxaqueña a la que le arrojaron ácido en el rostro; su agresor fue Juan Antonio Vera Carrizal, quien era diputado y empresario de la región. Este caso, de igual forma, cimbró la conciencia de un país que demostraba el no saber cuidar a las mujeres.
Hace unos días, el juez José Gabriel Ramírez Montaño, decidió absolver al ex diputado del cargo de feminicidio en grado de tentativa, y simplemente se le abrió las puertas de la prisión de par en par. Claro que las protestas y la molestia colectiva no se hicieron esperar, y con justa razón, porque al parecer el sistema de impunidad integrado por fiscalías, policias y jueces, está trabajando 100 por ciento más que el de justicia.
Afortunadamente la jueza María Antonia Esteva Domínguez decidió revocar la sentencia emitida horas antes por su homólogo, pero seguramente se tomó esta determinación por la presión social, por la indignación que provocó, porque al parecer, hacer que se “cumplan” las leyes, aunque carezca de toda lógica y humanidad, es más importante que garantizar justicia.
Frente a una próxima reforma judicial, los jueces van perdiendo con estos dos sonados casos, y sobre todo, con el 98 por ciento de impunidad que tiene México. Deben existir contrapesos y equilibrios para proteger a los mexicanos de buena voluntad, pero hasta hoy, los beneficiados son quienes tienen el poder de dañar y arrojar ácido a todo un sistema y sociedad.
