Morelia, Mich.— El coordinador de los diputados locales del Partido del Trabajo (PT), J. Reyes Galindo Pedraza, representante del Distrito de Múgica en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer la “muerte cívica”, un mecanismo legal que impediría a las personas sancionadas por actos de corrupción o faltas administrativas graves postularse para ocupar cargos públicos, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, el Judicial y en organismos autónomos.
La propuesta, aseguró que está inspirada en prácticas de democracias modernas, tiene como objetivo eliminar a los funcionarios corruptos de la política. Según el diputado, quienes hayan cometido faltas graves deberían ser inhabilitados de manera permanente para ejercer cualquier cargo público. “Esta conducta va en detrimento del recurso público y afecta profundamente a las clases más vulnerables de nuestra sociedad”, expresó Galindo.
El proceso de reforma se desarrollará en dos fases. Primero, se modificará la Constitución de Michoacán para incluir una cláusula que prohíba a aquellos declarados culpables de corrupción o faltas graves postularse para cualquier cargo público. En segundo lugar, una vez aprobada la reforma constitucional, se trabajará en la modificación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para ampliar las sanciones y establecer la “muerte cívica”, una inhabilitación definitiva para ejercer funciones públicas.
Sobre la viabilidad de esta reforma, Galindo aseguró que existen precedentes en otras democracias y que el Congreso tiene la responsabilidad de actuar. “Es un paso hacia la erradicación de la corrupción, y creemos que el Congreso debe asumir este compromiso”, comentó. Además, resaltó que la reforma debe ser vista como una necesidad social, ya que la corrupción sigue siendo uno de los mayores problemas que enfrenta el país.
En relación con las posibles preocupaciones sobre los derechos políticos y electorales, el diputado subrayó que la reforma sería completamente legal y constitucional, pues la propia Carta Magna contempla mecanismos para modificarla. “El costo de la corrupción es incalculable. Según el INEGI, cada mexicano pierde alrededor de 3,044 pesos anuales debido a estos actos. Esto genera pérdidas millonarias y afecta gravemente el bienestar colectivo”, dijo.
Aunque la iniciativa de reforma está enfocada en la Constitución de Michoacán, Galindo dejó abierta la posibilidad de que esta medida sea extendida a nivel federal. “Si se da el caso, tendríamos que coordinar esfuerzos con los diputados federales para llevar esta propuesta a la Cámara Baja”, indicó.
Con esta propuesta, Galindo busca avanzar hacia un sistema político más transparente y comprometido con la rendición de cuentas, poniendo freno a los actos de corrupción que tanto afectan a la sociedad.
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