La justicia no será servida hasta que aquellos que no están afectados estén tan indignados como los que lo están.-Benjamin Franklin.

Casos como el de Angelina Contreras que tiene más de nueve años buscando a su hija Tania y que no puede dormir en paz desde el 11 de julio del 2012 fecha en que fue sustraída su hija de su hogar, al igual que Victoria Romero Juárez y Reyna Barrera García que comparten la lucha por encontrar sus hijos Luis Alberto Morales Romero y Luis Javier Hernández Barrera, quienes se esfumaron sin dejar rastro, pero sospechan pudieron ser reclutados por el crimen organizado, hoy más que nunca tienen vigencia, aunque estas historias las describí en el 2019, no pierden valor y son tan actuales, porque estas madres siguen sin encontrar a sus hijos, sin tener respuestas.

En mis 16 años de ejercicio reporteril si hay un tema que me ha dejado pesar y un nudo en la garganta es el de las historias de las madres que buscan a sus desaparecidos; es imposible no sentir impotencia por no poder hacer más, y solo ofrecer nuestra pluma y nuestra voz en los medios de comunicación para visibilizar sus casos, para que no se olviden; más ahora que la pandemia del COVID-19 llegó para desplazar los temas que dejan más muertos que el Coronavirus y más perdidas a miles de familias: “Los desaparecidos” que pasaron a formar parte de las estadísticas y números no oficiales, porque los oficiales están incompletos ante la evidente incapacidad, pericia y ineficacia de las autoridades para garantizar el acceso a la justicia transicional  de estas familias y madres que tendrán que pasar un 10 de mayo más, sin los suyos, sin su gente.

En Michoacán la organización civil Familiares Caminando por la Justicia ha documentado 300 desaparecidos, que no representan ni el 10% de los casos reales; sólo para dimensionar la gravedad de este fenómeno, la impunidad y la indiferencia social e institucional, basta con decir que de estos 300 desaparecidos, solo cinco han sido encontrados,  tres de estos, muertos; y solo en un caso de este universo de cifras hay un responsable detenido. Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema  Nacional de Seguridad Pública, señalan que hasta abril del 2018 tenía registrados mil 215 desaparecidos, Michoacán ocupaba el lugar 11 a nivel nacional en personas a las que se les vio por última vez en la entidad y no se supo más de su paradero, los adultos jóvenes cuya edad oscila entre los 18 y 35 años son los que tienen más registro de extravío en la entidad.

Para Laura María Orozco Medina de Familiares Caminando por la Justicia, “la pandemia está siendo utilizada para invisibilizar está problemática que no está en la agenda ni del Gobierno, ni de los medios de comunicación”, sin embargo, para esta agrupación la búsqueda de desaparecidos es una actividad esencial e impostergable, aún en tiempos del COVID. Pese a los enormes obstáculos que enfrentan como reconocen Laura y Mercedes Ruiz otro miembro de esta organización, pues a punto de cumplirse un año de la puesta en marcha de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán en acato a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, no cuenta con plan de trabajo y en estos momentos como lo denuncian las activistas, no opera por la contingencia, pese a que se podría trabajar en los expedientes que se encuentran archivados y cuyos indicios no son valorados, así como en el trabajo de investigación que generalmente hacen las propias familias de los desaparecidos,  aunque es una facultad y obligación de las instituciones de justicia.

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que encabeza Marco Antonio Hernández Zaragoza, pudo acceder para su operación a 11 millones de pesos, sin embargo, su actividad se encuentra en estos momentos en un impase que no abona, no construye, no logra resolver la situación dramática y grave que enfrentan las familias que día a día no obtienen respuestas, ni de la Comisión de Búsqueda, ni de la Fiscalía General del Estado, pero han logrado documentar con grandes esfuerzos estos 300 casos, que les ha costado ser criminalizados, amenazados y revictimizados por las autoridades y grupos criminales.

La realidad, es aberrante y vergonzosa para este país y este estado que tiene una deuda eterna con las madres y familiares de desaparecidos, que son quienes buscan, se organizan y mantienen vigente la lucha y no claudican, para que otras familias no pasen por lo que ellas han pasado; que es la incompetencia, indiferencia y falta de sensibilidad de autoridades y sociedad.  La lucha de estas mujeres que inicio en el país hace 43 años con el Comité ¡Eureka!, fundado en 1977 por la activista Rosario Ibarra de Piedra en el periodo de la Guerra Sucia, y al que posteriormente le han seguido otros colectivos como Familiares Caminando por la Justicia, también en la búsqueda de sus desaparecidos, nos recuerdan que los rostros de sus hijos e hijas que siguen sin aparecer, son responsabilidad de todos, de la sociedad y de aquellos que detrás de un escritorio archivan, olvidan, manipulan y obstaculizan, avalan los abusos y violación de los derechos humanos de manera sistemática y generan altos grados de impunidad que se traducen en dolor para miles de familias. Nos recuerda que ningún partido político, gobierno o régimen, priista, panista, perredista, morenista, se puede abstraer de su responsabilidad y su complicidad al ser omiso para asumir las medidas necesarias para transitar a la justicia transicional que garantice procesos penales, contra los principales responsables del “esclarecimiento de la verdad” (o investigaciones) sobre las violaciones de derechos por parte de órganos no judiciales, ataque en sus causas y consecuencias, reparaciones de diversas formas— individuales, colectivas, materiales y simbólicas— en caso de violaciones de derechos humanos y reformas jurídicas e institucionales que pueden afectar a la policía, la justicia, el ejército y los servicios de información militar (Transicional, 2020).

Las comisiones de búsqueda no sustituyen a los procesos judiciales, pero no se deben excluir, así como otras medidas hoy necesarias para caminar a un modelo de justicia integral que recupere la confianza ciudadana e inhiba las conductas que dañan gravemente a nuestra sociedad. Y sí, es culpa del Estado, que no garantiza condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, y sí es culpa de la sociedad que justifica y revictimiza a los desaparecidos, bajo el absurdo argumento de que “sabe en qué cosas andaban”, y sí es culpa de las instituciones de justicia que socavan  la confianza ciudadana, en donde se cuestiona su capacidad para salvaguardar nuestros derechos y seguridad.

Nos faltan todos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos…que no nos falte uno más…#Justiciaporlosdesaparecidos, que los tiempos del COVID-19 no apaguen esta lucha.

Trabajos citados

(s.f.).

Transicional, C. I. (2020). ICTJ, Justicia, Verdad y Dignidad. Recuperado el 7 de mayo de 2020, de ICTJ, Justicia, Verdad y Dignidad: https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional