Morelia, Mich.— Integrantes del autogobierno de Opopeo denunciaron haber recibido amenazas para frenar su proceso de autonomía, por lo que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) responsabilizó al Ayuntamiento de Salvador Escalante y a la presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, de cualquier afectación a su integridad física y emocional.
Pável Uliánov Guzmán Macario, vocero del Consejo, aclaró que las amenazas no son realizadas directamente por la alcaldesa, pero aseguró que provinieron del Ayuntamiento cuando comenzaba la conformación del autogobierno. “No directas de Dayana, pero sí del Ayuntamiento, de que cesaran. Fue en el inicio, cuando estaba empezando el proceso, de que cesaran de continuar con el proceso de autonomía”, declaró.
Explicó que el señalamiento contra la presidenta municipal tiene un carácter preventivo, debido al contexto de inseguridad que se vive en Salvador Escalante y a los antecedentes registrados durante el proceso comunitario. “Nosotros como Consejo Supremo Indígena de Michoacán hacemos directamente responsable al Ayuntamiento y a la presidenta municipal de la integridad física y emocional de los compañeros, ante el grave contexto de inseguridad que se vive en Salvador Escalante y por algunas amenazas”, manifestó.
Una de las representantes comunitarias señaló que hasta el momento no han enfrentado directamente algún hecho relacionado con la delincuencia; sin embargo, advirtió que existe preocupación por su seguridad y pidió que se les permita ejercer sus derechos.
Los representantes otorgaron un plazo de 15 días para establecer una mesa de trabajo en la que participen la Secretaría de Gobierno, el Ayuntamiento de Salvador Escalante, el Consejo de Gobierno Comunal de Opopeo y sus diez encargaturas.
En caso de que el encuentro no se concrete, anticiparon que intensificarán las movilizaciones en el municipio y recurrirán a mecanismos jurídicos, entre ellos la presentación de un amparo indirecto.
Los integrantes del autogobierno exigieron que el Ayuntamiento deje de intervenir en sus comunidades y respete la decisión adoptada en una asamblea en la que más de mil personas votaron a favor de administrar directamente sus recursos.
