El diputado local del PRD, Conrado Paz Torres aseguró que las iniciativas impulsadas por el legislador de la Sombreriza, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, conocidas como “Ley Manzo”, no cuentan con sustento legislativo ni respaldo político, por lo que consideró que no serán dictaminadas ni aprobadas por el Congreso del estado.
El legislador cuestionó que dichas propuestas se presenten acompañadas de elementos simbólicos como letras de oro, días cívicos y homenajes, los cuales dijo buscan generar impacto mediático sin un contenido jurídico sólido.
Señaló además que ni siquiera la ciudadanía de Uruapan tiene claridad sobre el alcance real de las propuestas.
“Con las diferentes propuestas o iniciativas políticas quieren disfrazar esta ley para que tenga mayor realce, como lo de las letras de oro o el día cívico, pero ni siquiera los uruapenses lo ven bien ni saben realmente a qué se refiere esta ley”, expresó.
Paz Torres afirmó que durante los trabajos legislativos internos quedó en evidencia la falta de consenso, ya que las propuestas no fueron bien recibidas ni siquiera por diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias, quienes las consideraron incongruentes y carentes de sustento técnico.
“Esta iniciativa no camina y no va a caminar porque no está sustentada, no está socializada y está hecha desde el sentimentalismo que implica un asesinato, no desde un análisis serio de política pública”, sostuvo.
Entre las propuestas que presentó el legislador de la Sombreriza se encuentran:
Seguridad federal obligatoria para alcaldes y presidentes municipales que se encuentren bajo amenaza del crimen organizado.
Penas más severas para los responsables del asesinato de ediles, proponiendo castigos de hasta 65 años de cárcel en Michoacán.
Agilización de trámites ante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para que los civiles puedan ejercer su derecho a la legítima defensa.
Castigos reales para adolescentes que cometan delitos graves, sin importar su edad.
Cárcel para familiares que encubran a delincuentes, con penas sugeridas de 10 a 20 años.
Reducción de barreras y trámites para las candidaturas independientes.
El diputado recordó que ya existe una iniciativa previa para agravar el delito de homicidio contra funcionarios públicos, la cual fue presentada por él y otros legisladores con anterioridad, y acusó que esta fue ignorada deliberadamente. Por ello, dijo, se vieron obligados a exhibir públicamente la omisión y presentar nuevamente la propuesta en la Gaceta Legislativa.
