El gobierno de Michoacán inició el proceso de rescisión del contrato con las empresas responsables de la construcción del Distribuidor Vial de Salida a Salamanca, que acumula un retraso de alrededor del 21% y una serie de irregularidades que ya fueron notificadas a la Secretaría de la Contraloría (SECOEM) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dio por hecho que el contrato se rescindirá “porque se va a rescindir”, seguro de que esta decisión “acelerará la obra”.
“Para que los procesos sean más rápidos, nosotros rescindimos el contrato y de inmediato la empresa que entra a hacer los trabajos y es precisamente para acelerar los tiempos de conclusión de salida a Salamanca. Les vamos a informar cuando ya se haya rescindido y se haya decidido la nueva empresa. (…). “
Sin precisar los montos, señaló que a las empresas Cortés Palma Cía. y Contratista General de Latinoamérica, responsables de la obra en salida a Salamanca, se les han aplicado multas y reintegros por incumplimiento.
Explicó que de acuerdo a la norma, entre las empresas que participaron en la licitación oficial, se elegiría a la que ocupó segundo, tercero o cuarto lugar, para dar continuidad a los trabajos, que debieron terminar el 24 de abril.
El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), José Zavala Nolasco enumeró una serie de irregularidades identificados en este proyecto, como autorizarle un anticipo del 50% de los 487 mdp estimados del costo total previsto a 18 meses, lo que consideró raro “y el sueño de todo constructor”.
Explicó que al concluir la administración anterior, las empresas hicieron estimaciones por volúmenes de obra no ejecutados para impedir que el nuevo gobierno pudiera tocar el anticipo; además de que se tenían 24 precios extraordinarios, fuera de norma, ya que no es contrato a “precio alzado”.
El funcionario estatal informó no obstante, que al solicitarles incluir un paso deprimido en el proyecto, las constructoras insistieron en que se firmara un convenio adicional por 97 mdp, para que pudieran solicitar un crédito, pero no fue así.
“Esto es lo que se tiene estimado, 487 millones de pesos, es el contrato original y el convenio adicional es donde vienen los volúmenes nuevos, los volúmenes de ese deprimido fue a insistencia de la empresa, ellos nos decían que si les hacíamos el contrato por lo que ya habían hecho, que eran excavaciones profundas, ellos iban a conseguir un crédito, cosa que no se ha hecho. No les dimos anticipo por estos 97 mdp, no les íbamos a dar el 50%, si presentan volúmenes que no ejecutaron”
Señaló que se le otorgaron todas las facilidades y apoyo técnico a las constructoras, a las que se resolvieron incluso problemas relacionadas con el agua potable, el alcantarillado y el drenaje sanitario, de tal manera que se tuvo que meter un drenaje pluvial al Río Grande para sacar las aguas profundas y que el paso deprimido no se inunde en temporada de lluvias.
Aclaró que ante la situación, era obligada la rescisión del contrato.
“De acuerdo al artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y el 155 y 157 de su reglamento, la empresa ya cayó en un atraso del 20-21%, puede ser un poco más un poquito menos (…). Ya está obligado a la rescisión, se les comunicó de manera verbal, se les va a hacer su citatorio y luego se llegará a las pláticas conciliatorias”.
El funcionario explicó que era imposible acelerar la rescisión, ya que no se había firmado el contrato ni se habían revisado los precios, ya que no estaba el proyecto definido, pero una vez que la administración estatal cumplió con lo que marca la norma e incluso concedió las prórrogas a las que tiene derecho las constructoras, procedió en consecuencia.
