Tras retener su salario durante 4 días, el Congreso de Michoacán inició este jueves el proceso para dar de baja a un número indeterminado de trabajadores de confianza, a quienes se les entregaron los cheques correspondientes a la segunda quincena de julio y al mismo tiempo el finiquito.
Los empleados acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Legislativo, donde personal con listas les indicó quienes debían pasar al jurídico para la firma de finiquito y así terminar la relación laboral con el Congreso del estado.
Contrario a las declaraciones de líderes parlamentarios que aseguraron que prescindirían de los servicios de quienes contrataron al inicio de la Legislatura, trabajadores con 8, 9 y 10 años de servicio recibieron un finiquito por alrededor de 8 mil pesos, por lo que la mayoría determinaron no firmar el documento.
La presidenta de la mesa directiva, Adriana Hernández Íñiguez confirmó que fue una medida que acordó la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), ante las dificultades financieras que enfrenta el Congreso local y por lo cual, se deben tomar medidas radicales para su saneamiento, como la revisión de funciones para detectar duplicidad de funciones, pero que no se ha realizado.
Sin conocer el número de empleados a los que se dará de baja, aseguró que se debe cuidar la legalidad de los procedimientos para “no afectar los derechos de ningún trabajador”.
“Yo de manera particular, debo ser honesta, no conozco la lista, luego se maneja una y luego se maneja otra, se dice que unos diputados unos y diputados otros, a ciencia cierta no tengo yo el conocimiento de quienes, cuántos, estas son las partes con las que no se logra dar certeza. Quien no esté de acuerdo de los coordinadores, deben platicarlo de manera interna en cada grupo parlamentario”.
En un oficio previo, la titular de Finanzas Rocío Pineda Gochi habría informado que el recorte alcanzaría a 310 trabajadores, de tal manera que cada legislador tendría derecho a tener bajo su responsabilidad a 6 trabajadores, 2 asesores A, 3 asesores B y un secretario técnico para quien presida una comisión.
En este sentido, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que cada uno de los 40 diputados solo podrán tener este número de empleados, pero se les dará un apoyo extraordinario de 50 mil pesos, que podrán utilizar si ocupan un servicio adicional.
Sin embargo, aseguró que la contratación de algún empleado será determinación de cada legislador, por lo que rechazó que pueda ser ilegal.
“Entiendo que lo determinó la Junta es eso: Va a haber un fondo de 50 mil pesos por diputado, por si se ocupa un servicio adicional o temporal incluso, de ahí se pueda disponer para pagarse, pero el apoyo para los trabajos legislativos para los diputados normalmente ha sido de 5 asesores”.
La legisladora descartó que pueda “tocarse” a trabajadores de estructura o sindicalizados, al advertir que existe un contrato colectivo y se incurriría en faltas administrativas, ya que se tocaría la “independencia sindical”.
También reconoció que el Congreso local carece de recursos para enfrentar las numerosas demandas laborales que ya se esperan.
