Ingresos adicionales de diputados y asesores, origen de problema del Congreso de Michoacán: STASPLE

El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas

El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas aclaró que el problema financiero del Congreso de Michoacán no lo generan los cerca de 400 integrantes de este gremio, sino los más de 300 empleados de confianza de los legisladores y el ingreso adicional de 500 mil pesos al mes que tiene cada uno de los 40 diputados.

En entrevista, criticó el análisis que expuso en la víspera el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García y consideró que se fue a “un terreno muy pantanoso”, al hablar del despido de cientos de trabajadores, pero sin abandonar sus prerrogativas.

A partir de la información del dirigente sindical, se calcula que cada diputado tendría un ingreso superior a los 7 millones de pesos anuales, sumando los ingresos adicionales y los 92 mil 450 pesos que tienen como dieta mensual, es decir, 1 millón 109 mil pesos al año.

Esto implicaría que el Congreso destinaría cerca de 280 millones de pesos al año solo en los ingresos de los diputados, además de cerca de 300 trabajadores que llegaron con ellos a la Legislatura y el resto del personal de apoyo.

Andrade Vargas calculó que tan solo los 40 diputados representan un gasto similar al de los 400 sindicalizados que trabajan en el Congreso y a los cuales se destinan cerca de 300 millones de pesos al año.

Se pronunció porque se aplique un recorte en asesores; recordó que durante la Legislatura de la que formó parte Jesús Reyna García se introdujo el pago de 3 asesores por diputado, además de asesores por fracción, lo que incrementó exponencialmente el personal del Congreso, que actualmente se calcula en cerca de 1 mil 100 empleados.

Consideró que el diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García “se hizo bolas” en su explicación, al señalar que cada uno de los legisladores tiene 5 trabajadores para atender cada uno de los municipios, lo que implicaría que el Congreso pagara a cientos de empleados de manera extraoficial.