El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, con ocho votos a favor y tres en contra, remover del cargo al presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, al consejero Juan Adolfo Montiel Hernández, así como a las consejeras Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza.
El procedimiento también incluía a la consejera Silvia Verónica Mauricio Salazar; sin embargo, durante la discusión se informó que presentó su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo, con efectos a partir del 18 de junio, por lo que se propuso sobreseer parcialmente el procedimiento únicamente en lo relativo a ella.
El asunto corresponde al expediente UT/SCG/PRCE/JMGR/JL/MICH/18/2025, integrado con motivo de una queja presentada por José Manuel Guerrero Rascón, relacionada con el acuerdo IEM-CG-135/2025, mediante el cual el Consejo General del IEM habilitó a una persona encargada de despacho del Órgano Interno de Control, luego de la conclusión del encargo de quien ocupaba esa titularidad.
De acuerdo con el proyecto aprobado, las consejerías habrían asumido una competencia que correspondía al Congreso de Michoacán, autoridad facultada para designar a la persona titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral local, lo que fue considerado como una vulneración a los principios de legalidad, certeza, profesionalismo e independencia.
Durante la discusión, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que el caso no podía considerarse una simple diferencia interpretativa, sino un acto de autoridad realizado sin competencia. “La ley no se violenta a medias, se violenta”, señaló al advertir que las autoridades electorales solo pueden hacer aquello que la Constitución, la ley o los reglamentos les permiten expresamente.
Taddei afirmó que la gravedad del caso radicó en que el órgano fiscalizador intervino en la designación de quien debía encabezar, aunque fuera temporalmente, al órgano fiscalizador. “No estamos frente a una falta formal. Estamos frente a una vulneración directa al principio de legalidad”, sostuvo al respaldar el sentido del proyecto.
En contra del proyecto, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona advirtió que la remoción de cinco de las siete consejerías del IEM resultaba una medida excesiva frente a una designación provisional que, dijo, no generó efectos significativos, impugnaciones ni daños acreditados. “Es verdad que hubo faltas, sin embargo me parece que no se ha acreditado que la gravedad de esas faltas amerite su remoción”, expresó.
Espadas también alertó sobre las consecuencias institucionales de la decisión, al señalar que el INE tendría que iniciar un proceso acelerado para designar nuevas consejerías en Michoacán. “Nos vamos a meter a designar a la carrera sin los tiempos adecuados para una resolución de esta importancia”, advirtió.
En el mismo sentido, el consejero Martín Faz Mora se apartó del proyecto al considerar que el Instituto Electoral de Michoacán es un órgano funcional, con dinámica de colegialidad y sin señalamientos graves previos. Argumentó que existía una laguna normativa sobre la forma de cubrir la ausencia temporal o definitiva de la persona titular del Órgano Interno de Control, por lo que la actuación de las consejerías debía analizarse como un ejercicio de interpretación jurídica.
Faz sostuvo que no se acreditó daño patrimonial, afectación a la autonomía del instituto, beneficio indebido o dolo manifiesto en la actuación de las consejerías. “No existe una norma específica que regule el supuesto analizado. En consecuencia, no es posible afirmar la existencia de una infracción, pues no puede vulnerarse una disposición inexistente”, señaló.
A favor del proyecto, el consejero Jorge Montaño Ventura sostuvo que no podía minimizarse la conducta bajo el argumento de que la designación duró pocos días. Señaló que el punto central era que las consejerías asumieron una atribución que no tenían, por lo que se configuró una infracción. “Sería decir: violó la ley, pero la violó poquito”, expresó durante su intervención.
Montaño también rechazó que la remoción impida al INE realizar nuevas designaciones en tiempo y forma. Aseguró que la Comisión de Vinculación ya se encontraba en comunicación con el Ceneval para prever el proceso correspondiente y adelantó que, de aprobarse la remoción, se podría emitir convocatoria el 25 de junio y designar a las nuevas consejerías a más tardar el 5 de septiembre. “Estamos en tiempo, en forma, para tener nosotros, si lanzamos la convocatoria, el Consejo General el próximo 25, estar designando más tarde el 5 de septiembre”, afirmó.
La consejera Carla Humphrey Jordan también respaldó la remoción al considerar que el caso involucraba una cuestión de fondo para el sistema democrático: el respeto estricto al principio de legalidad y a la delimitación de competencias entre autoridades. “Las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultadas”, puntualizó.
Humphrey afirmó que la colegialidad no genera competencia, la temporalidad no modifica la naturaleza jurídica del acto, la necesidad institucional no justifica la extralimitación y la ausencia normativa no habilita facultades. “La competencia no se construye por consenso, sino por mandato normativo”, sostuvo al respaldar la conclusión del proyecto
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