Este 31 de mayo venció el plazo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Congreso de Michoacán para someter a consulta de las comunidades y pueblos indígenas, así como de la población discapacitada, la Ley estatal de Educación que se aprobó en 2020.
En su resolución del 29 de mayo del 2022, el pleno judicial consideró que las disposiciones relativas a educación indígena, inclusiva y especial afectaron directamente los intereses de estos sectores.
Por ello, invalidó los artículos 23, 84 a 87 y 94 a 102, relativos a la educación indígena, inclusiva y especial, toda vez que dichos preceptos afectaban directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad.
Señaló entonces la obligación de consultar a dichos grupos de manera previa, de conformidad con los artículos 1º y 2º de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la OIT y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ante el riesgo de que el Poder Judicial los declare en desacato, la presidenta de la Comisión Legislativa de Educación, Belinda Hurtado Marín informó que junto con los presidentes de las comisiones de Derechos Indígenas, Brenda Fraga Gutiérrez y la Especial de Atención a Personas con Discapacidad, que encabeza Víctor Zurita Ortiz diseñaron un plan de trabajo y se envío una solicitud de prórroga ante la SCJN.
“Se acaba de enviar una prórroga a la Suprema Corte de Justicia, especialmente a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, esperemos que contesten y así como a otros Congresos les han autorizado una prórroga, esperemos que también a nosotros y sin saber de eso, estamos avanzando, hemos traído especialistas en la materia para que se haga una realidad”.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT), aclaró que no se solicitó un plazo específico y corresponderá a la Corte “determinar el tiempo”, pero deberán respetar la decisión y acatarla.
No obstante, criticó el tiempo que tardó el Poder Judicial en enviar el engrose con la determinación de la Ley de Educación y se desconocían en específico las observaciones, lo que también retrasó este proceso.
Para dar cumplimiento a esta disposición, en un artículo transitorio del Presupuesto de Egresos del gobierno del estado correspondiente al 2023, se reservaron 10 millones de pesos, y 15 días antes de que fenezca el periodo que fijó el Poder Judicial Federal, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), autorizó el uso del recurso y podrán arrancar los trabajos.
“Nos dieron de plazo un año, pero podríamos llevarnos hasta 5 años-10 años, depende de la voluntad, ahorita existe voluntad de la Legislatura y desde hace 2 semanas está la voluntad, podría llevarnos 3 meses o 5 meses, pero lo que nos determine la Suprema Corte de Justicia”.
La legisladora confió en que la Suprema Corte de Justicia no los declare en desacato, pese a que en otros estados sí se ha procedido contra los congresos y contra legisladores en lo específico por no aprobar el presupuesto y no acudir a las reuniones de comisiones, al señalar que el tema ha rebasado al Poder Legislativo a nivel nacional.
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