Morelia, Mich.– Al reconocer el fenómeno de desplazamiento forzado en Michoacán, y la crisis que actualmente se vive en el estado especialmente en Tierra Caliente, el Congreso de Michoacán y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) sostuvieron un encuentro para analizar la viabilidad de una ley estatal que proteja a las personas afectadas por este problema..
Los análisis que ya se han hecho con esta agencia desde el 2022, 2023 y 2024, lo que incluso ha generado la firma de convenios durante esta administración, sin que aún se tengan resultados sobre los mismos, provocó este encuentro en donde el Oficial Senior de Protección de ACNUR, Daniel McGuire, destacó la importancia de legislar antes de que surja una nueva crisis, asegurando que una ley permitiría una mejor coordinación entre las autoridades y brindaría respuestas específicas a las necesidades de los desplazados, en áreas como salud, educación y seguridad.
Asimismo, subrayó la relevancia del financiamiento progresivo para garantizar la implementación efectiva de la normativa.
“Creo que un punto clave o algunos puntos claves que quería descubrir de por qué es tan necesario tener una ley estatal para responder a las necesidades de esta parte de la población específica es uno, es muy importante que antes caiga una crisis. Sé que había varias crisis de desplazamiento en Michoacán, pero en un momento más bien de tranquilidad dentro del Congreso que sí se puede hablar de eso justo antes que haya otra crisis”, mencionó.
La diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, enfatizó que la violencia en municipios como Coalcomán, Aguililla y Apatzingán ha provocado el abandono de comunidades enteras.
“Este tema es fundamental para lo que estamos viviendo en tierras michoacanas. El desplazamiento de municipios como Coalcomán, Aguililla, Apatzingán, toda la parte de Tierra Caliente, no desde hace poco tiempo, sino desde hace muchos, muchos años. Es una batalla que desafortunadamente las condiciones de seguridad han provocado que este tema se incremente y que hoy tengamos comunidades prácticamente desiertas o en condiciones donde quedan muy pocas mujeres y algunos niños todavía en esas comunidades, pero sin el respaldo obviamente de la figura de un varón paterna o demás”, expresó.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Juan Antonio Magaña de la Mora, aseguró que existe el compromiso de la 76 Legislatura para trabajar en una normativa acorde con la realidad michoacana, resaltando la importancia del apoyo técnico de ACNUR.
Miriam Heredia Zertuche, enlace de ACNUR en Michoacán, recordó que desde 2022 se han desarrollado mesas de trabajo con la Secretaría del Migrante para diseñar una propuesta de ley, e incluso afirmó que el Gobierno de Michoacán “es ejemplo de buenas prácticas”, al sostener que Michoacán ha sido un referente nacional en la atención a desplazados, albergando el primer encuentro nacional sobre el tema con la participación de 17 estados.
“Hemos trabajado aquí en Michoacán desde el 2022, firmamos un convenio con el gobierno del Estado y desde entonces se trabajaron mesas con la Secretaría del Migrante para justamente tener una propuesta de ley. Y la misma abarca las diferentes fases del desplazamiento, el enfoque diferencial del que comentábamos, cómo esto afecta a las mujeres y a las niñas y a las comunidades indígenas de manera diferente”, describió.
El encuentro concluyó con el compromiso de seguir avanzando en la construcción de la ley, tomando en cuenta experiencias de otros estados como Sinaloa, Guerrero, Zacatecas y Chiapas, que ya cuentan con normativas específicas para el desplazamiento forzado.
