A 3 años de que fueron localizados los restos sin vida de Jessica González Villaseñor, los sellos de clausura en juzgados del Poder Judicial, Palacio de Gobierno, el Congreso de Michoacán y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dan cuenta de que la justicia no ha llegado todavía para la joven moreliana y su familia sigue luchando por alcanzarla.
La movilización de sus padres Verónica y Martín, así como de sus hermanos Adrián y Cristo inició antes de las 5:00 horas y concluyó a las 7:00 frente a la sede del Poder Legislativo, donde está pendiente la reforma a la Ley estatal para Prevenir y Erradicar el feminicidio, para que establezca que los sentenciados estén obligados a cumplir con su castigo, sin solicitar la sustitución o suspensión, además de legislar para endurecer las penas en el delito de encubrimiento.
Sin tener un momento para llorar la pérdida de su hija, Verónica Villaseñor Ferreyra recordó las condiciones como localizaron a Jessica, en el fraccionamiento Bosque Monarca, luego de prácticamente 5 días de búsqueda, violada y abandonada a la fauna carroñera, lo que hizo evidente que muchas personas encubrieron lo ocurrido y nadie está sujeto a proceso.
“Este año fue el peor, porque a fin de cuentas desde el momento que encontramos a Jessi lo único que hicimos fue hacer las cosas correctamente para lograr una justicia, una justicia que no ha llegado y ahora me doy cuenta que esa justicia no existe y que sí tenemos unas leyes estúpidas y esa justicia jamás va a llegar, porque esas leyes están creadas para la protección y los derechos de él”.
El cuerpo de Jessica fue localizado el 25 de septiembre del 2020 semidesnudo, cubierto solo con un suéter café, un brasier negro y un reloj de manecillas. Mostraba golpes y escoriaciones en cabeza, cara, nariz, ojos, labios, cuello, brazos, tórax, muslos, piernas y huellas de violación sexual; recibió 31 golpes que fueron documentados en el informe forense.
Tras un largo proceso, Diego Urik Mañón Melgoza fue declarado culpable por el feminicidio de la joven y sentenciado a 50 años de prisión, pero debido a la apelación el caso no ha quedado firme, lo que preocupa a Verónica Villaseñor, ante la facilidad con que pueden burlarse las leyes y no hay certeza siquiera de que cumplirá su castigo.
“A fin de cuentas en cualquier momento pueden salir libres, pagan abogados y encuentran la manera y como lo único que hacen con estos procesos es estar cuidando sus derechos, en cualquier momento pueden salir libre, 3 años para una sentencia y ni siquiera ha sido ratificada esa sentencia, ni siquiera me pueden garantizar que va a cumplir la sentencia”.
Martín, el padre de la joven moreliana, encabezaba el grupo de búsqueda y fue uno de los primeros en ver el cuerpo de su hija sin vida; desde entonces se ha convertido en uno de los principales pilares de la lucha que ha tenido que encabezar su esposa, Verónica, como víctima indirecta y representante legal en el proceso legal contra el feminicida.
“Es triste, porque todavía seguimos en esta lucha que no vamos a parar, vamos a seguir nosotros, mientras estamos bien con Vero y estemos bien los cuatro, nosotros vamos a seguir adelante, no vamos a parar, porque esa persona, acabó con los 4 y toda una familia, no vamos a descansar, soy incansable y él tiene que pagar, mientras estemos los 4 tiene que pagar los 50 años que le dieron”.
Cristo, fue el primero en solicitar el apoyo de la ciudadanía para localizar a su hermana Jessica, desde el 21 de septiembre del 2020; en redes sociales se viralizó su petición.
A 3 años de distancia, afirma que su lucha ha sido contra un sistema de justicia y una familia poderosa, que se empeñó en proteger al feminicida de su hermana
“Nos tuvimos que enfrentar contra un sistema de justicia corrupto, que en lugar de protegernos nos violentaba en todo momento, entonces esto ha sido 3 años, enfrentar el dolor y la tristeza de la pérdida, luego darte cuenta de toda la violencia con la que encontramos a mi hermana, y enfrentarte con toda una familia de feminicidas de Diego Urik Mañón Melgoza, llenos de sangre”.
Este 25 de septiembre, la familia fue arropada en su movilización por familiares y amigos cercanos, que apoyaron a colocar los sellos de clausura que, en lugares como Palacio de Gobierno, duraron apenas un par de horas, ya que con la actividad cotidiana fueron retirados poco a poco.
Tras la resistencia inicial del personal de seguridad, en el Congreso, la “clausura” se levantó con la llegada de la presidenta de la mesa, Laura Ivonne Pantoja Abascal, quien ofreció una mesa de diálogo a los familiares.
Sin embargo, frente al Congreso de Michoacán, quedó una manta con la fotografía de Diego Urik y de 4 de sus amigos, que aceptaron en juicio haber conocido del asesinato de Jessica desde el primer día, en la que se lee:
“Hace 3 años mataron y ocultaron el cuerpo de Jessica, ahora viven protegidos por un sistema de leyes corrupto”.
