Con un monto de 95 mil 471 millones de pesos, que el gobierno estatal consideró suficiente para no pedir deuda y cubrir las principales necesidades de Michoacán, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García entregó la propuesta de paquete fiscal para el 2024 a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Laura Ivonne Pantoja Abascal.
Junto con el secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres reiteró que no habrá impuestos nuevos ni déficit, por lo que se contempló un incremento promedio del 2% a cada una de las UPP´S (Unidades Programáticas Presupuestales) y los OPD’S (Organismos Públicos Descentralizados).
“Es un presupuesto que nos alcanza para no endeudarnos, que nos alcanza para cubrir todas las necesidades que conllevan áreas importantes como es la seguridad, la salud y la educación, y el sello de esta administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de impulsar fuerte el tema de infraestructura”.
Navarro García señaló que en el presupuesto “no hay margen”, por lo que se dio prioridad a garantizar seguridad, educación, salud e infraestructura, de tal manera que todas las dependencias deberán revisar sus estructuras y determinar “qué sacrificar”.
Recordó que en el 2022, en toda la estructura del gobierno se recortaron cerca de 1 mil 100 trabajadores de confianza y ahora “confían en cada dependencia”.
“Sabemos que el IEM es muy importante, pero debemos revisar cada una de las UPPS o OPD qué tenemos qué sacrificar contratos eventuales, una persona más te implica más gatos en papel, luz, si es este año 2024 que nos debemos ajustar porque no queremos traer un presupuesto falso”.
Los funcionarios manifestaron plena disposición para asistir a todas las reuniones de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, que serán las responsables de la dictaminación del Presupuesto, así como de las Leyes de Ingresos y Hacienda, para ampliar y discutir la información.
De entrada, precisaron que la mayor modificación la registra la Ley de Hacienda, ya que se contempla “el nacimiento” del Servicio estatal de Administración Tributaria (SAT), como un organismo público descentralizado, lo que implicará una disminución del presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración.
