El Gobierno del Estado no ha dado respuesta a los escritos que desde agosto ha enviado el vocal ejecutivo de la Junta local del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, para instalar una mesa de seguridad, tal como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De acuerdo con Delgado Arroyo, desde agosto se han enviado varias peticiones para instalar esta mesa que ya opera en 8 estados, no así en Michoacán y en el resto de las entidades federativas.
Según el vocal ejecutivo, esta medida que ordenó el TEPJF al INE, es con la finalidad de tomar medidas para evitar la injerencia del crimen organizado, aunque se instaló una mesa de gobernabilidad que busca abordar diversos temas y que en la próxima analizará la instalación de casillas y el protocolo de seguridad, aunque en las consultas que se han hecho a oficinas centrales, el Consejo General ha dicho que la mesa de gobernabilidad, no es de seguridad.
“La mesa de seguridad es la que se integra por autoridades de seguridad y electorales para que efectos electorales, debe instalarse una diferente a la mesa de gobernabilidad, hasta el reporte que se presentó la vez pasada, Michoacán no atendido la instalación de la Mesa de Seguridad”, comentó.
Asimismo, aclaró que la Mesa de Seguridad no fue una decisión del INE, sino del Tribunal Electoral, una vez que resolvió el juicio madre de Michoacán, dio vista al Consejo General del INE para que estableciera un protocolo, que se aprobó el pasado diciembre del 2022.
“De hecho el protocolo establece que esas mesas de seguridad, debieron haberse instalado desde agosto pasado, de hecho he girado varios oficios en la materia, desde enero, también tuvimos una reunión con el secretario de Gobierno en la materia en septiembre, ahí fue dónde dijimos la necesidad de estar en la mesa de seguridad y gobernabilidad”, mencionó.
En el proceso electoral 2021 el Tribunal Electoral determinó anular la elección de algunas casillas de los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho, que forman parte del Distrito Electoral 22 de la entidad, y el Tribunal Electoral instruyó al INE crear una política electoral nacional donde se reconozca el riesgo real de la incidencia de grupos criminales en procesos electorales, por lo que le ordenó establecer acciones y protocolos.