La propuesta de convenio en materia de seguridad pública que hizo llegar finalmente este jueves 13 de abril la secretaría estatal (SSP) que encabeza José Alfredo Ortega Reyes al ayuntamiento de Morelia, pretende que el gobierno de Michoacán tenga control de los recursos económicos, elementos policiales y de tránsito, así como de bienes muebles e inmuebles que destina el municipio a la seguridad de la capital michoacana.
El documento que fue entregado a las 10:02 horas en la oficina de presidencia, dirigido al alcalde Alfonso Martínez Alcázar y firmado por el titular de la SSP, establece que incluso correspondería al estado determinar las características del uniforme que portarán los policías municipales.
En las cláusulas se establece de manera específica que se integraría en Morelia “una fuerza operativa bajo la coordinación del gobierno del estado” en materia de seguridad pública y tránsito, por lo que la estructura de operación policial estaría “bajo la conducción” de la Secretaría de Seguridad estatal.
En consecuencia, la autoridad estatal realizaría diagnósticos delictivos y establecería las acciones y operativos conjuntos, los protocolos de operación policiales, los criterios de organización, operación y modernización tecnológica del municipio e incluso le brindaría la asesoría técnica necesaria a su personal.
También señala que el gobierno del estado nombrará al Director de Seguridad Pública en el municipio, o podrá hacerlo a propuesta del presidente municipal, “siempre y cuando cuente con el Certificado Único Policíal”, pero que para la operación deberá coordinarse con la Secretaría de Seguridad estatal.
El gobierno del estado determinará la formar en qué se ejercerá el mando y cómo operará la estructura de la policía y tránsito de Morelia, por lo que el municipio debe homologar su estructura operacional con la SSP, “conforme a los polígonos de incidencia y riesgo delictivo”.
De manera específica, el convenio precisa que “el municipio se compromete a otorgar el mando coordinadamente con la política municipal a el Estado a través de la Secretaría y destinar los recursos materiales, humanos, administrativos y de logística necesarios”.
Los recursos financieros serán ejercidos por el municipio, pero el gobierno del estado “establecerá las políticas de gasto financiero”.
Estado y municipio transferirán “el uso y disfrute de los bienes mubles e inmuebles, equipo, parque vehicular, armamento, sistemas, bienes intangibles y en general todo lo que esté afecto al servicio de los elementos de los cuerpos de seguridad pública”, mediante un convenio de administración de bienes, contrato de comodato u otro, que formará parte del anexo técnico.
En el documento, se pretende que el municipio se comprometa a aumentar su estado de fuerza en un plazo máximo de 18 meses, con la meta de tener 1.8 policías por cada mil habitantes, pero en un año todos los elementos deben cumplir con el Certificado Único Policial y en caso de no lograrlo, deberán ser separados del servicio.
En el convenio, se precisa que el municipio debe cubrir obligaciones de naturaleza laboral, administrativa, fiscal, civil, de seguridad social y en materia de derechos humanos, “eximiendo” al gobierno estatal de cualquier responsabilidad.
En el caso se elementos de seguridad pública asignados por el municipio de Morelia, sujetos a proceso penal por delito doloso, serán suspendidos del cargo desde que la autoridad jurisdiccional dicte al auto correspondiente, hasta que se determine su situación por parte de la SSP.
Caso distinto el de los elementos aportados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ya que no se considera la posibilidad de que sean sujetos a proceso penal solo a omisiones consistentes en faltas administrativas, de tal forma que se reincorporarían a su actividad y se iniciaría la investigación correspondiente.
El seguimiento del convenio se realizará a través de una comisión Ejecutiva que encabezará el secretario de Seguridad Pública, junto con el alcalde y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que confirmará al responsable del mando operativo de los cuerpos de seguridad municipal y evaluará la ejecución y metas del convenio.
