A casi cuatro meses del arranque de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, no ha cumplido con sus obligaciones de transparencia, por lo que los michoacanos siguen sin conocer el sueldo que percibe el mandatario estatal y los integrantes de su gabinete, quiénes ocupan los mandos intermedios, y en general, el destino que tienen los recursos públicos.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, cuyo cumplimiento es obligatorio “para cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial o de los municipios”, establece en su artículo 25 que “la información correspondiente a las obligaciones de transparencia “debe actualizarse por lo menos cada 3 meses”.
Sin embargo, en una revisión al sitio web oficial del gobierno de Michoacán https://www.michoacan.gob.mx/, se constató que la información que se publica es la relacionada a la administración del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, con corte a septiembre del 2021.
Al verificar las obligaciones de transparencia del Ejecutivo estatal, se mantiene este apartado con el mismo diseño del gobierno anterior: el directorio que se publica es el que contiene el nombre de los ex funcionarios anteriores con corte al último día de junio del año pasado.
De igual forma, el salario que se transparenta es el que percibía el gobernador a septiembre del 2021 por un monto de 102 mil 807.55 pesos de percepción mensual, que incrementaba a 119 mil 451.14 pesos con aguinaldo y prima vacacional en septiembre del 2021.
En el caso de los viáticos, se precisa que no se generaron gastos por este concepto en el tercer trimestre del 2021 y por ello no se tiene información para reportar, además de que los logotipos con los que se identifican las publicaciones corresponden a la anterior administración.
La presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), Areli Yamilet Navarrete Naranjo informó que todos los sujetos obligados a cumplir con la norma, ya que no tienen un tiempo de gracia.
“No hay tiempo de gracia, las obligaciones de transparencia tienen que estar siempre, el hecho de que haya cambio de administración, por ejemplo los municipios, el Ejecutivo, no implica que se va a dar un tiempo para capacitar y una curva de aprendizaje, por supuesto que no, implica que la nueva administración dé continuidad a las obligaciones porque estamos hablando de obligaciones legales, obligaciones en atención a garantizar un derecho fundamental”.
Señaló que al momento no han recibido ninguna denuncia sobre este incumplimiento legal, que puede hacerse de manera inmediata en la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de que ese instituto ordene al sujeto obligado a cumplir en un periodo de 20 días y en caso de no atender el mandato, se le sancionará.
“La ley nos señala que primero tenemos que requerirle, en determinado momento publique la información y si en los días que se le dice que publique la información no lo hace, efectivamente pasamos a un capítulo de apremio, en donde dependiendo de la gravedad de la falta, nosotros podemos determinar amonestaciones e incluso multas”.
Areli Yamilet, informó que para asegurar que todos los sujetos obligados mantengan la información publicada y actualizada , este 27 de enero, el pleno del IMAIP acordó un plan inédito para verificar el cumplimiento de la norma, en la que no se notificará de manera previa a los sujetos obligados y se revisará de manera trimestral a todos, de acuerdo al sorteo en una tómbola.
