El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que la administración que encabezó Silvano Aureoles Conejo, contrató una empresa de tecnología e informática propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga, hoy prófugo de la justicia, por un monto de 19 millones 500 mil dólares que se firmó en 2017 y que “todo indica” se refería a un sistema de espionaje.
Luego de que en el periódico “El Universal”, el periodista Salvador García Soto, describió en su columna de este lunes que Aureoles Conejo pagó 132 mdp durante 5 años para la instalación y operación de este sistema, el actual mandatario informó que ya se había detectado el contrato.
“Nosotros tenemos ese contrato, ya lo habíamos detectado, es un contrato que se firmó en 2017, aquí lo de llamar la atención es que son 19 millones 500 mil dólares, el contrato que se tiene, por un software, servicio de monitoreo y actualización constante de las direcciones IP en todo el territorio del estado y cada uno de los municipios, así como 12 pantallas de monitoreo que darán servicio y mantenimiento. (…) Sí efectivamente, todo indica que es un sistema de espionaje”.
En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla señaló que este hallazgo forma parte de las investigaciones a las que da seguimiento su administración e informó que no han encontrado en Casa de Gobierno o en Palacio de Gobierno “dispositivos de ese tipo, lo que sería muy rimbombante”.
“¿A quién se espiaba? No tenemos esa información y no creo que la vayan proporcionar, estamos viendo lo del contrato, entendemos que una parte del contrato se pagó y otra parte del contrato no se pagó y se retiraron los equipos. Es un contrato donde no está determinado cómo determinaron ese monto de 19 millones, qué entregaron esos reportes”.
De acuerdo a la columna de García Soto, quien aseguró tener copia del contrato, desde marzo del 2017 hasta abril del 2021, esa empresa recibió 2.5 millones de dólares mensuales por sus servicios “de monitoreo y seguimiento” a las direcciones IP de todos los michoacanos.
El contrato, se hizo por adjudicación directa, se firmó en Morelia y tiene el número CAPDE-1SGAB-000117, firmado por el entonces secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza y el titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez, mientras por la empresa firmó Raúl García Palacios, como “administrador único”.
