Ante la imposibilidad jurídica de solicitar un adelanto de participaciones federales para sortear el cierre del ejercicio fiscal, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, garantizó el pago de salarios y prestaciones de fin de año a los empleados estatales con menores ingresos, pero señaló que analizan sacrificar a los funcionarios de primer nivel, ya que, con su sueldo “le pagas a 10 a 15 a 20 trabajadores”.
En entrevista, precisó que su administración ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional por los recortes al presupuesto 2021, pero por lo pronto, deben cumplir con el pago a más de 115 mil trabajadores de todos los sectores.
Sin embargo, recordó que la federación no otorgará recursos extraordinarios, por lo que tendrán que definirse prioridades.
“No es lo mismo y no es un asunto de estigmatizar, pero no es lo mismo que no le paguemos su quincena a un magistrado del Tribunal, a que no le paguemos su salario a un trabajador del mismo tribunal, entonces es preferible que prioricemos, además con el salario de un funcionario de primer nivel, le pagas a 10 a 15 a 20 trabajadores”.
Aureoles Conejo, descartó solicitar un adelanto de participaciones federales para garantizar el cierre de año, al recordar que la Ley de Disciplina Financiera lo prohíbe, por lo que se buscan otras alternativas.
“No se puede, la ley de Disciplina Financiera prohíbe que se hagan adelantos de participaciones como antes se podía, no se pueden adelantar participaciones del año siguiente hasta que inicie el año fiscal, entonces vamos a tener que sortear la tempestad de alguna manear, porque eso no se puede jurídicamente”.
De igual forma, rechazó que pudieran utilizarse en gasto corriente los 2 mil 45 millones de pesos en créditos que deberá liberar Banco del Bajío en los siguientes días, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejó sin efectos la controversia que promovieron diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT).
Señaló que la legislación obliga a que esos recursos se destinen “exclusivamente para infraestructura productiva”, no para gasto corriente ni para pagar salarios.
