Tras la renuncia de Adrián López Solís como Fiscal General de Michoacán (FGE), corresponderá al Congreso del estado lanzar la convocatoria, al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla proponer la terna y finalmente a los legisladores elegir al nuevo Fiscal del estado, el segundo por un período de nueve años en la historia estatal, aunque en el caso del actual, durará en la encomienda 6 años, 5 meses y 26 días.
La legislación vigente no precisa si ante la renuncia del titular, el coordinador de fiscales tendría que hacerse responsable de los asuntos de la Fiscalía hasta concluir el periodo, por lo que se interpreta que debe nombrarse a un Fiscal para un nuevo periodo completo, es decir, nueve años.
De acuerdo al artículo 102 de la Constitución del estado, para la elección del Fiscal, el Congreso local debe emitir convocatoria 90 días antes del término del encargo, circunstancia que no se cumple, ya que López Solís dejará el cargo el 20 de agosto, es decir, 44 días antes.
Al margen de esto, el procedimiento marca que, de quienes se inscriban a la convocatoria y cumplan con todos los requisitos, el Congreso local elegirá 10 propuestas y las enviará al gobernador, que tendrá 10 días para formar una terna y enviarla a su vez al Poder Legislativo.
De la terna, el Congreso debe elegir al nuevo Fiscal, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.
La Ley Orgánica de la Fiscalía del estado, precisa que el Congreso local solo aceptará la renuncia por causas graves, que el artículo 33 precisa como las siguientes:
I. Las que pongan en riesgo la vida, seguridad, integridad o patrimonio de las
personas;
II. Las que se traduzcan en una afectación grave a la función de la Fiscalía General;
III. Contravenir, por acción u omisión, los principios rectores establecidos en esta
ley;
IV. Las que impliquen actos que afecten la función de investigación y persecución
de delitos;
V. Las que impliquen violaciones al artículo 22 de la Constitución (En la Constitución Federal se refiere a la pena de muerte o penas excesivas y en la Constitución estatal a las diputaciones suplentes)
VI. Las que pongan en riesgo la continuidad, seguridad y operatividad de
instalaciones o unidades administrativas de la Fiscalía General; y,
VII. Las que beneficien, permitan o apoyen, de cualquier forma, directa o indirecta,
la comisión de un delito.
Este proceso se implementó por primera vez en el estado en febrero del 2019, cuando resultó designado el entonces coordinador de los diputados locales del PRD, Adrián López Solís, quien había dejado la Secretaría de Gobierno de la administración Silvanista para ocupar una curul en el Congreso.
Un total de 32 aspirantes se inscribieron en el proceso, entre ellos, el ex coordinador de centros penitenciarios, Ignacio Mendoza Jiménez, el actual diputado del PVEM, Juan Antonio Magaña de la Mora y el fiscal de Asuntos Electorales, Víctor Serrato Lozano, quienes quedaron entre los 10 propuestos que se enviaron al entonces gobernador Silvano Aureoles.
El proceso fue impugnado por varios aspirantes que argumentaron conflicto de intereses y “dados cargados” en el Congreso local.
Hasta antes de esta fecha, el gobernador en turno enviaba una propuesta al Congreso local, que evitaba someter el tema al pleno, dejaba que aplicara la disposición que señala que ante la falta de una resolución había una “ratificación tácita” del nombramiento.
Resaltó el caso de Magaña de la Mora, quien fue el primer procurador de Michoacán que sí tuvo el aval de los diputados en 2005, luego de que fue propuesto por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel para sustituir a Miguel Ángel Arellano Pulido, que decidió buscar una candidatura a diputado.
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