El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que durante su administración en 2022 y 2023, se pagaron 130 millones de pesos de un total de 933 millones que fueron contratados desde la administración de Silvano Aureoles Conejo, a 3 empresas que forman parte del consorcio Latinus y que se dedican a facturar -a nombre de otras- productos farmacéuticos y servicios de salud.
A pregunta expresa sobre la información que dio a conocer el pasado 3 de julio el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez en la “mañanera”, el mandatario señaló que los pagos a Diseño de Salud Integral, S.A. de C.V., Digimedical S.A, de C.V. y Samedic S.A. de C.V., fueron mayores a los 698 millones que reportó la federación en la conferencia del presidente López Obrador.
“Ponemos la presentación, Cuando llegamos al gobierno, ya había varias empresas que estaban relacionadas con Latinus que habían trabajado con el gobierno anterior, entre otras empresas están estas tres, que recibieron en total 933 millones de pesos, no 680, 933 millones”.
Ramírez Bedolla explicó la complejidad y tiempo que requirió su gobierno para “sacar” a estas empresas de la administración pública, al señalar que controlaban “todo”, desde el software de las recetas médicas, las consultas, hasta las computadoras y las impresoras” por lo que la situación se informó de manera directa a la Unidad de Inteligencia Financiera.
“En nuestro gobierno fueron más o menos algo así como 130 millones de los 930 y el resto fue en la administración pasada, así que estamos perfectamente enterados del tema, nosotros informamos a la federación y esta información la tiene la UIF y es la base de la investigación que esperemos llegue a buen término ante la FGR, que Pablo Gómez demuestre toda su capacidad que tiene como abogado, que lleve a buen término la investigación, ya estamos en manos de que la UIF de resultados”.
Ramírez Bedolla aclaró que en 2024 no se firmó ningún contrato con alguna empresa vinculada con Latinus, por lo que consideró que fue “parte de la herencia maldita del Chiflanismo”, que no pudieron cortar desde el inicio del gobierno para no generar una afectación del servicio.
Aseguró que aguantaron “vara” y finalmente esas empresas salieron de Michoacán, pero sin dejar afectaciones.
“Fuimos prudentes, responsables en este tema para que no hubiera ninguna afectación al servicio y no la hubo, tuvimos que aguantar vara hasta el 2023, pero al final se fueron, y el servicio nunca se vio afectado, que es lo importante.”.
Sin embargo, pese a que el gobernador asegura que la investigación de la UIF parte de los datos que proporcionó su administración, las cifras prácticamente no coinciden en nada.
En la exposición, el titular de la UIF hace unos días señaló que el total que pagó el gobierno de Michoacán entre 2019 y 2024 fue de 698 millones 816 mil 271 pesos, pero Alfredo Ramírez aseguró que fueron 933 millones.
En el desglose por años tampoco coinciden:
- De acuerdo a la UIF fueron 33 millones 841 mil pesos, pero el gobierno de Michoacán reporta 382 millones 462 mil 050 pesos.
- De acuerdo a la UIF fueron 296 millones 559 mil 301 pesos, pero el gobierno de Michoacán reporta 195 millones 821 mil 991 pesos.
- De acuerdo a la UIF fueron 211 millones 598 mil 295 pesos, pero el gobierno de Michoacán reporta 211 millones 905 mil 056 pesos.
- De acuerdo a la UIF, fueron 56 millones 215 mil 461 pesos, pero el gobierno de Michoacán reporta 33 millones 738 mil 094 pesos.
- De acuerdo a la UIF, fueron 109 millones 739 mil 294 pesos, pero el gobierno de Michoacán reporta 100 millones 601 mil 639 pesos.
De hecho, aunque no dio lectura a la exposición, en las gráficas presentadas por Ramírez Bedolla se conoció que en 2021 estas tres empresas que forman parte de Latinus, tenían contratos en Michoacán por suministro de medicamentos, software, servicio integral de imagenología, entre otros; en 2022 únicamente tenía servicio integral de imagenología y en 2023 tuvieron una ampliación a este contrato por determinación de Bienestar.
