El total desconocimiento y posible moralismo de servidores públicos ha impedido que una menor víctima de violación, haga uso de sus derechos para proceder a un aborto de manera segura, conforme lo indica la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005, mediante la cual se ordena a todos los hospitales públicos interrumpir los embarazos resultado de violación, denunció la presidenta de la Asociación Humanas Sin Violencia, Circe López Riofrío.
“Desafortunadamente, las instituciones lo único que han de mostrado es un desconocimiento profundo y vergonzoso sobre los derechos humanos de las niñas y los procedimientos que se deben seguir para acceder un aborto seguro en caso de una violación”.
La menor, agredida sexualmente a los 12 años por su padrastro durante el confinamiento de salud por el COVID-19, interpuso la denuncia correspondiente y por ahora el agresor se encuentra detenido y vinculado a proceso.
Pese a que la interrupción del embarazo producto de una violación, ya fue realizada en la Ciudad de México la menor no ha recibido la atención adecuada e incluso fue discriminada en el proceso.
Por ello, López Riofrío hizo un llamado al gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, para que atienda y reciba a la víctima a fin de conocer la manera en la que ha tenido que experimentar el proceso que pese a su derecho, no ha sido garantizado por las instituciones correspondientes.
“Queremos hacerle un atento llamado al gobernador Silvano Aureoles para que reciba a la víctima, y que conozca de viva voz la forma en que ha sido tratada, y las formas en las que se le ha impedido recibir la protección que el estado debe de brindarle y garantizarle a través de sus instituciones como parte de la reparación del daño integral”.
López Riofrío, precisó que en lo que se refiere a la Secretaría de Salud, a través del Hospital de la Mujer, la petición para la interrupción del embarazo conforme a lo que indica la Norma Oficial Mexicana, fue desconocida, dejando entre ver, la falta de conocimiento de ley y de profesionalismo del personal.
En el caso del Sistema DIF Michoacán, al que se dio aviso por instrucción del juez de Control al Ministerio Publico, la fundadora de humanas sin violencia señaló que la atención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ha sido verdaderamente un insulto y de violencia institucional, ya que al comunicarse vía telefónica con la madre de la víctima, le advirtieron que la atención psicológica tenía un costo, y que la cita sería solamente para explicarle cómo es el proceso de adopción.
