Morelia, Mich.– El juez federal Froylán Muñoz Alvarado, aspirante a la titularidad de la Fiscalía General del estado de Michoacán (FGE), defendió las resoluciones judiciales en las que ha participado, incluso aquellas que han sido señaladas por colectivos al favorecer a agresores en casos de feminicidio. En particular, abordó el caso de Jessica González Villaseñor, en el cual se redujo la pena a Diego Urik Mañón Melgoza.
Aunque colectivos han señalado su responsabilidad en la disminución de la pena, Muñoz se deslindó de manera tajante, atribuyendo la decisión a otras instancias judiciales y afirmando que su papel fue únicamente de revisión.
“En los tribunales de amparo no fijamos penas, solamente se revisa que esa autoridad haya hecho lo correcto”, afirmó.
El juez sostuvo que la resolución no tuvo por objetivo agraviar a la familia de la víctima y alegó que “el drama penal” siempre deja a una de las partes insatisfecha. Reconoció que no recuerda a detalle la sentencia del caso, pero insistió en que su actuación fue legal y constitucional, y dijo no recordar el caso de María José Medina Flores asesinada en el 2017, cuya pena redujo de 35 a 27 años de prisión.
“No por mi sentir puedo dejar en libertad a alguien, o no por mi sentir puedo sancionar con mayor medida”, justificó.
Sin embargo, en sus declaraciones evadió asumir una responsabilidad directa o ética ante las consecuencias que estas resoluciones tienen en la percepción pública sobre el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida.
Frente a las críticas de colectivos, Muñoz recurrió al argumento técnico y a su rol institucional, evitando hablar sobre el impacto social que generan este tipo de decisiones.
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