En la sesión de hoy miércoles, la diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, propuso que, en la Ley, se establezca el derecho de que los migrantes puedan contar con un intérprete o traductor en los procesos legales.
En un comunicado, Lucila Martínez propuso ampliar los criterios que las autoridades deban observar al diseñar las políticas públicas en favor de los migrantes, entre los que se encuentran la gestión, apoyo y acompañamiento en trámites legales en caso de repatriación, ya sea por enfermedad de un migrante que necesite servicios médicos y no cuente con los recursos necesarios para su tratamiento en su lugar de radicación o por fallecimiento.
De igual forma, plantea la ampliación de las atribuciones de la Secretaría del Migrante, con el propósito de promover acciones a favor de los migrantes, entre las que destaca el brindar asesoría y acompañamiento ante las instancias competentes, para que en el caso de que funcionarios y/o servidores públicos cometan cualquier tipo de abusos en su contra, puedan ser denunciados y castigados.
Asimismo, que el Estado y los municipios garanticen la integridad y el respeto a los derechos humanos de las personas extranjeras identificadas como víctimas de delitos y que sea preponderante la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes que no estén acompañados. “No podemos ser omisos al hecho de que nuestro país y por ende nuestro Estado, es receptor de migrantes de otros países y es nuestra obligación reconocer y garantizar la protección de sus derechos”.
Debido a que el incremento drástico de personas migrantes que viajan por México, se debe principalmente a pobreza y la violencia que viven en sus países, dijo que la mayoría de los migrantes, principalmente provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, una vez que cruzan nuestro país suelen también encontrar violencia y al igual que en sus lugares de origen, los delitos y abusos de los que son víctimas casi nunca se investigan ni castigan, por lo que también debe ser previsto en la Ley. “De ahí la importancia de enfatizar que el Estado debe ser responsable de garantizar el goce de las garantías de derechos fundamentales, con plena seguridad jurídica de todas y todos los migrantes”, sostuvo la legisladora.
Recordó que los migrantes que transitan por el territorio nacional tienen los derechos que les reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México, sin importar su nacionalidad ni situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad y quienes han sido víctimas de delitos. Añadió que es necesario hacer una revisión profunda del marco normativo estatal, con el propósito de brindar seguridad a los migrantes a través del establecimiento de mecanismos que garanticen su protección.
