El 24 de febrero y el 10 de marzo son las fechas en las que el Congreso de Michoacán deberá tener los primeros avances para realizar la consulta relacionada con diversos artículos de la Ley de Educación que fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que la comisión especial trabaja en la definición del protocolo para llevarla a cabo.
En una reunión con integrantes del Poder Legislativo, el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Corte, Fermín Santiago Santiago, explicó que el Congreso presenta avances, aunque aún es necesario precisar cómo se llevará a cabo el ejercicio de consulta.
“El Congreso del Estado ya va muy avanzado… solo falta afinar algunas cuestiones en relación a cómo se realiza la consulta”, señaló, al precisar que la SCJN no puede imponer un modelo único, ya que cada entidad cuenta con comunidades indígenas con características propias.
Indicó que uno de los puntos centrales será la elaboración de un protocolo que deberá construirse entre el Congreso y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Sobre los tiempos, recordó que existen dos plazos en curso: uno que vence el 24 de febrero y otro el 10 de marzo, aunque aclaró que estos no son definitivos. “Lo importante es que lo cumplan y que lo cumplan bien”, subrayó.
Santiago Santiago detalló que la consulta deberá contemplar no solo a comunidades indígenas y ayuntamientos con autogobierno, sino también a grupos en situación de vulnerabilidad. “La consulta no es igual para todas las personas; incluso la forma de comunicar cambia según el contexto”, explicó.
También precisó que el proceso se limita a 14 artículos de la Ley de Educación y a una porción normativa adicional, y no al conjunto del ordenamiento.
Desde el Congreso local, la diputada Eréndira Isauro Hernández, presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Consulta Pública, informó que ya se definió una ruta de trabajo para atender un pendiente heredado desde la legislatura anterior.
“Lo que presentamos fue la ruta que seguiríamos en los próximos días para poder cumplir”, afirmó, al señalar que aún se analiza si la consulta se realizará sobre los textos originales invalidados o sobre una propuesta de reforma específica.
En cuanto a los recursos, indicó que el presupuesto aprobado en la legislatura pasada por 10 millones de pesos no fue utilizado y adelantó que el costo del nuevo proceso será menor a los siete millones de pesos que se habían estimado originalmente.
Por su parte, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, señaló que el organismo electoral acompañará el proceso conforme se definan los alcances del protocolo. “Lo relevante es cumplir una sentencia del máximo tribunal y escuchar a todas las voces involucradas”, sostuvo.
A la reunión solo asistieron la diputada Eréndira Isauro Hernández, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Fabiola Alanís Sámano, y Melba Albavera Padilla, diputada de Morena. El presidente de la comisión de Educación, Carlos Tafolla Bautista no asistió, aunque es uno de los vinculados a la sentencia emitida por la Suprema Corte.
