Morelia, Mich.– La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha integrado 15 carpetas de investigación por presuntas extorsiones a productores de limón, confirmó el Fiscal, Adrián López Solís, quién además reveló que cinco ya fueron judicializadas y ese mismo número de personas están vinculadas a proceso como presuntas responsables de ese delito.
De los casos identificados en la región de Tierra Caliente, dijo el Fiscal General, dos denuncias fueron interpuestas por el gobierno estatal, y las demás se iniciaron de oficio.
“En el registro aproximado de unas cinco judicializadas, y en trámite tenemos alrededor de 15, relacionadas con la zona a la que se están refiriendo, cerca de un año atendiendo el tema. Del gobierno del estado hay dos, donde servidores públicos en cumplimiento de lo que señala el Código Penal presentaron estás denuncias”, explicó.
Admitió que ha sido complicado obtener las pruebas, ya que si bien con las recientes reformas el tipo penal de extorsión se tienen modalidades que dan mayor amplitud para iniciar las investigaciones, para acreditar el elemento característico que es la amenaza, recae en persona determinada, por lo que no se puede hablar del hecho sino se denuncia.
El fiscal sostuvo que la extorsión es un fenómeno complejo y de amplio espectro, que va desde el cobro de piso hasta situaciones que culminan con agresiones a la integridad de las víctimas, por lo que las denuncias están concentradas en una región donde la dinámica delincuencial es compleja, por su gravedad, impacto y por el tipo de sujetos que además, están relacionados con el liderazgo de bandas delincuenciales con presencia estatal.
En este tenor informó que existe un incrementó en el número de denuncias por extorsión, ya que la FGE tiene 158 en trámite.
También describió que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), un 90 por ciento de los delitos no son denunciados y de estos el 60 por ciento corresponden a la extorsión, que la gente no denuncia, por lo que está “semioculto”, latente, y lacera la tranquilidad y seguridad de las personas, en detrimento de las actividades económico-productivas.
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