Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró la vinculación a proceso de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025, tras presentar ante la autoridad judicial datos de prueba científicos, idóneos y suficientes en calidad y cantidad.
Este día, durante la continuación de audiencia inicial, realizada de manera virtual debido a que el imputado está interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, el Ministerio Público de la FGE expuso una sólida reconstrucción de los hechos, sustentada en actos de investigación que permitieron establecer, de manera fundada, la posible participación de César Alejandro “N” en el homicidio del dirigente del sector limonero.
Este crimen se inscribe en un contexto de violencia que impactó directamente a productores y liderazgos del sector citricultor, por lo que su esclarecimiento constituye una prioridad institucional para garantizar condiciones de legalidad y seguridad en las regiones productivas del estado.
Derivado de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, en días recientes fue cumplimentada una orden de aprehensión en reclusión contra el imputado, quien ya se encontraba privado de la libertad.
Tras el análisis exhaustivo de los datos de prueba aportados por esta representación social, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso, imponiendo la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Cabe destacar que César Alejandro “N” fue detenido el pasado 22 de enero, durante un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Buenavista.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de actuar con firmeza, rigor técnico y estricto apego a la legalidad para investigar y perseguir los delitos que atentan contra la vida, la seguridad y la actividad productiva de la entidad, garantizando el acceso a la justicia y el respeto pleno a los derechos humanos.
