A sólo 2 días de que se cumplan seis años de la incursión policial en la comunidad de Arantepakua, municipio de Nahuatzen, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, reiteró su postura de que el Fiscal General del Estado (FGE), Adrián López Solís debe desistirse de la investigación de los hechos en los que fallecieron 5 personas, 4 comuneros y 1 policía estatal, además de alrededor de 45 heridos, entre ellos 37 civiles y 8 uniformados.
Señaló que es la única vía para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la indagatoria.
“Primero, lo dije en su momento, que para mí lo mejor era que el fiscal se desistiera para que al desistirse, automáticamente la FGR atrajera el caso, y eso no ha ocurrido, eso lo dije hace un año y lo vuelvo a sostener”.
Ramírez Bedolla aseguró que su gobierno cumplirá a plenitud la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por este caso que se registró el 5 de abril del 2017, durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
Por ello, informó que está en proceso la construcción de una unidad deportiva en la localidad y la integración del proyecto para edificar un nuevo hospital.
“En lo que a nosotros nos corresponde, ya va muy avanzada la Unidad Deportiva, es un compromiso, ya se está haciendo el estudio, el proyecto para el hospital en Arantepakua, actualmente hay una clínica, pero vamos a construir el hospital, pero nos mantenemos a través del secretario de Gobierno, en permanente comunicación con la comunidad, para cumplir la recomendación que nos hizo la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
En su recomendación sobre lo ocurrido, la CNDH, determinó que se cometieron actos de tortura, abuso, detención arbitraria y retención ilegal en la incursión policial, cuando se llevaban a cabo las negociaciones para liberar a 38 detenidos al transitar en un autobús con reporte de robo.
Tras resolver la queja, la CNDH emitió una serie de recomendaciones, al gobernador de Michoacán, representado en 2020 por Silvano Aureoles Conejo y a la Fiscalía General del Estado (FGE), que encabeza Adrián López Solís, entre ellas:
Reparar el daño e inscribir en el Registro Nacional a las Víctimas.
Realizar un proyecto de reparación del daño a nivel colectivo junto con la FGE y el ayuntamiento de Nahuatzen.
Ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y a sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y en el de la sociedad, que debe llevarse en un acto de manera conjunta.
Sin embargo, a la fecha, la recomendación no se ha cumplido.
