Lo que no se mide, no se puede mejorar
– Peter Drucker
El próximo 10 de abril las mexicanas y los mexicanos estamos convocados a un ejercicio de participación ciudadana para revocar o no el mandato al Presidente de México. Adoptando una postura inocente, se nos está consultando si estamos satisfechos o no con el desempeño del mandatario federal. Es decir, se nos pide que lo evaluemos.
En sí, la evaluación es un proceso vital en cualquier plan de desarrollo humano y social. Se trata de un ejercicio de discernimiento, es decir, de emitir un juicio después del análisis y la valoración del desempeño de algo.
Su poder radica en que lo que se evalúa es lo que se obtiene. Y esto aplica en todos los ámbitos: calificaciones de los estudiantes, desempeño de los colaboradores en una empresa o los funcionarios de un gobierno. Si a un estudiante se le evalúa un curso con un examen único, podrá faltar a clases, no participar en las mismas u omitir hacer sus tareas sin ningún problema, pues basta con acreditar la prueba. Si a los colaboradores de una empresa se les evalúa por llegar temprano, estarán a tiempo en su lugar de trabajo, pero eso no implica que se pongan a trabajar y sean productivos. Si a un funcionario se le evalúa por el número de asuntos atendidos, en realidad no importa la forma en cómo se haya ocupado de ello. La evaluación dirige el comportamiento y por ello resulta tan importante tener muy claro qué es lo que estamos evaluando.
Ahora, en este proceso tiene como punto de partida definir el propósito que se persigue. En el caso de los centros laborales, el propósito es muy variado: desde el ideal que es identificar estrategias de mejora continua y la calibración de la efectividad de la estrategia, – permitiendo, en un momento dado, corregir el rumbo -, hasta lo mezquino, que es la documentación de errores de los trabajadores para justificar o negociar despidos. El resultado de la evaluación del desempeño ofrece también la identificación de necesidades de capacitación, el otorgamiento de estímulos que guíen de manera efectiva los resultados esperados por parte de la empresa, incentivar resultados e incluso, determinar aumentos salariales con base en el cumplimiento de metas.
Una vez que se tiene claro el propósito de este proceso, se debe definir qué es lo que se va a evaluar, a partir de la estrategia de la organización, institución, comunidad o nación. Esta estrategia debe ser desplegada asignando responsabilidades y metas en los diferentes actores del grupo social: divisiones, departamentos, colaboradores, o bien, en el caso de la administración pública, secretarías, institutos, coordinaciones, etcétera. Estas responsabilidades y metas a su vez, deben convertirse en indicadores, con los cuales se puede entonces, medir el desempeño de cada colaborador o actor social.
Una vez que se ha estructurado la evaluación de desempeño, lo que sigue es comunicar esta información a quienes son responsables de la ejecución, acordar con ellos metas realistas en periodos de tiempo específicos, e involucrarles para que asuman compromisos medibles en los indicadores establecidos. Entonces empieza a correr el periodo de ejecución, donde hay puntos intermedios de revisión para retroalimentar de manera oportuna el desempeño individual de los participantes y se puedan hacer ajustes que los acerquen de manera efectiva a la meta. Al final del periodo, viene la documentación individual del desempeño, donde se evidencia el logro de objetivos y metas y mismos que son discutidas para así, al final, llegar a un veredicto final sobre el desempeño.
A una semana de la consulta de revocación de mandato del ejecutivo federal, les propongo, apreciables lectores, reflexionar seriamente sobre este proceso. Conviene informarnos de manera objetiva sobre su propósito, hacer a un lado filias y fobias y revisar qué es lo que debemos evaluar en un presidente del país. Desafortunadamente, carecemos de un proyecto de nación que nos permitiría evaluar la competencia de quien lo ejecuta, pues tendríamos parámetros claros para hacerlo.
Más aún, la ley de revocación del mandato debería contemplar todo lo contrario a una veda electoral. Es momento de discusión de resultados, de presentar evidencias de logros y fracasos, de hacer un análisis profundo de si quien nos encabeza nos está llevando a ser el país que queremos las y los mexicanos y donde todos entramos. La verdadera participación ciudadana está en el exigir rendición de cuentas, revisarlas y proponer nuevas formas de alcanzar nuestros objetivos comunes.
Ante la carencia de todo lo anterior, lo único que nos queda es la reducida pregunta que nos harán el 10 de abril: queremos que siga o que se vaya el presidente, lo cual se convierte en un referéndum popular, como los premios de MTV o de TVynovelas. Si solo evaluamos la fama, dirigiremos a nuestros gobernantes a únicamente ganarse el gusto del público y no a cumplir sus funciones.
No obstante, tengamos en mente ese día, nuestro propio propósito como ciudadanos en esta consulta y nuevamente cuestionémonos con qué tipo de participación democrática estamos dispuestos a contribuir a nuestro país: queremos o no ser consultados y de qué formas queremos serlo. En esta ocasión, independientemente de estar a favor o en contra de AMLO, tanto participar como no hacerlo, es una expresión de la voluntad de cada uno de nosotros, sobre el México que queremos. Hagámoslo conscientes.
