Entre las propuestas del Ejecutivo para una eventual reforma electoral hay varias que pueden parecer atractivas a algunas franjas de la población, aunque ni en la iniciativa ni en el discurso tengan una motivación o justificación razonables. Son falacias que se difunden para ganar el aplauso fácil de los seguidores del oficialismo o de la población menos informada. Hagamos un recuento breve de algunas de tales propuestas.
Disminución del número de diputados. De los representantes políticos, los diputados suelen ser los menos prestigiados entre la población por varios motivos: porque en la era del partido hegemónico, la mayoría votaba invariablemente a favor de las iniciativas presidenciales, sin mayor discusión ni razonamiento (fenómeno que está de regreso, inclusive “sin cambiar ni una coma”); porque no todos los diputados están preparados para legislar ni argumentar; porque la función de representación política en un cuerpo colegiado amplio es poco tangible para la ciudadanía. De ahí que mucha gente aplauda la idea de recortar la Cámara. Pero tal propuesta no va acompañada de estudio alguno de funcionalidad ni legitimidad, ni siquiera de datos para saber si el parlamento mexicano es más grande o pequeño, en términos relativos, que en otros países. Quizás la única motivación sea “para gastar menos”, argumento cicatero y nada democrático.
Contra los plurinominales. Es curioso: el discurso oficialista vitupera a los llamados diputados plurinominales (de representación proporcional), con la falsa idea de que (a diferencia de los diputados de mayoría relativa) nadie vota por ellos, pero la propuesta del Ejecutivo consiste en abolir las diputaciones de mayoría y dejar solamente las listas plurinominales, una por cada entidad federativa. Lo que muchos no advierten es que, al votar por listas en estados pequeños como Colima, Campeche, Aguascalientes o Quintana Roo, entre otros, dejarían sin representación alguna a los partidos con votaciones menores a 15% o 20% de los votos en tales entidades. Los partidos pequeños que existen a nivel nacional perderían todos o casi todos los escaños que hoy ocupan. Hay mucha gente que esto quisiera, porque los partidos, en general, no gozan de mucho prestigio, pero la pluralidad política que habita en la sociedad mexicana dejaría de estar representada. Se perdería uno de los atributos de la democracia.
Disminución de financiamiento a los partidos. Desde hace tiempo se critica el financiamiento público que reciben los partidos políticos. Pero se soslaya que fue gracias a este financiamiento que los partidos de oposición de antaño pudieron consolidarse, crecer electoralmente y ganar elecciones. De otra forma, no se habría formado un sistema de partidos plural y competitivo. El partido del gobierno habría prevalecido con todas las ventajas frente a partidos débiles. Tal vez en algún momento de la transición democrática el financiamiento a los partidos rebasó lo necesario para la competencia pluripartidista. Pero, antes de recortar con un hacha, debería evaluarse con rigor cuál es el nivel óptimo de financiamiento a los partidos para que subsistan como organizaciones permanentes y puedan contender en elecciones. Borrar de un plumazo el financiamiento público ordinario a los partidos los aniquilaría y dejaría con vida únicamente a los partidos que se nutran (ilegalmente) de los recursos gubernamentales.
Elección popular de consejeros y magistrados electorales. De todas las propuestas de reforma, esta es la más extravagante. Vale decir que en ningún país del mundo las autoridades electorales se eligen por votación popular. Las razones más obvias de ello son: las funciones de organizar, arbitrar y calificar elecciones son especializadas y profesionales; las autoridades electorales deben actuar con independencia ante los partidos; contender por el voto popular, sobre todo a nivel nacional, requiere contar con estructura organizativa, equipos de campaña y enormes recursos, y todo eso solamente lo poseen los partidos o los gobiernos. De ahí que, si las autoridades electorales fuesen “elegidas por la ciudadanía”, quedarían alineadas de origen a un partido o gobierno que los promueva. Es mucho más razonable -como lo establece la legislación vigente- que magistrados y consejeros electorales sean designados por las Cámaras de Senadores o de Diputados por el acuerdo entre varias fuerzas políticas contendientes entre sí, después de una evaluación de capacidades profesionales en la materia.
Aquí cabe un comentario adicional: si en una encuesta a población abierta se pregunta simplemente si los consejeros electorales deberían ser elegidos por el voto de la ciudadanía (como se hizo en una encuesta contratada recientemente por el INE), era predecible que la mayoría diría que sí, porque es políticamente atractivo que “la gente” participe en todo. La gente dirá que hace lo que convencionalmente es deseable, como lavarse los dientes tres veces al día, aunque en realidad no todos lo hagan. Lo mismo ocurre cuando se pregunta si los ciudadanos deben votar: casi todos dirán que sí, aunque en realidad apenas algo más de la mitad de los ciudadanos vota efectivamente. Tomar ese dato de opinión pública como criterio para legislar es un error o una argucia demagógica. Si las decisiones legislativas se tomaran con el mero criterio de popularidad sería imposible, por ejemplo, aprobar el cobro de impuestos.
