Morelia, Michoacán.- La comunidad nahua de San Juan Huizontla, ubicada en el municipio de Chinicuila, exige la restitución de 110 mil hectáreas de presunta propiedad ejidal, entre las cuales se encuentran 207 de zona natural protegida “saqueadas”, y una de alto valor ancestral y sagrado “profanada”, desde 1960 por “actos y omisiones” del gobierno de Michoacán.
Salvador Torres Barreto, vocero de la Mesa Directiva del Primer Cuartel (o Barrio) de Huizontla, explicó que a esto se debe la toma “simbólica y real” que 70 comuneros decidieron llevar a cabo desde hace dos días en el rancho conocido como “Amatique”, que se extiende por 445 hectáreas de este polígono, actualmente otorgado en comodato –a su juicio, infundadamente– al Centro Estatal de Fomento Ganadero (CEFOGA).
El abogado subrayó que, hasta que no se instale una comisión de diálogo por parte del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, sólo se permitirá entrar al velador y al veterinario, ya que no pretende afectar a la administración actual, pues argumentó que, si bien le tocaría resolver el conflicto al mandatario en funciones, la comunidad entiende que no tuvo su origen este sexenio.
“Simbólica y real, es de manera pacífica, se habló con el responsable del rancho, estuvo ahí en el proceso donde se pusieron sellos en las puertas donde están resguardados sus archivos; el personal de gobierno del estado, dos personas, de hecho, el velador, va a pasar a regar los árboles y el veterinario estará a cargo de cuidar el ganado, porque no queremos afectar de ninguna manera también al gobierno del estado, estamos en espera de una respuesta favorable”.
La gota que habría derramado el vaso es la explotación de balastro, pequeñas rocas utilizadas para la industria de la construcción y otras aplicaciones industriales, incluso en un área de tumultos luctuosos, donde yacen los ancestros de la comunidad, lo que tiene alto valor histórico, cultural y sagrado para sus habitantes.
Además, denunció que desde hace décadas se han talado árboles de cerca de 14 maderas finas, entre ellas, ejemplares de parota de 200 años de edad, con troncos valuados en cientos de miles de pesos en el mercado mueblero, explotados incluso en la reserva natural, protegida desde septiembre del año pasado por el gobernador de Michoacán.
Con todo, el vocero enfatizó que hay buena voluntad por parte de la comunidad, por lo que no se quiere establecer de inicio una cifra equivalente a la indemnización que también exigen por la usurpación del polígono, de propiedad presuntamente comunal desde 1871, ya que incluso hay terrenos que han sido vendidos a particulares bajo un título, presuntamente apócrifo, del siglo XX.
Aunque ya se podría iniciar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sí se valoría en caso de una falta de atención, el vocero dijo confiar en que habrá diálogo, sobre la premisa de que Alfredo Ramírez ha hecho pública su postura de apoyo a las comunidades indígenas en más de una ocasión.
“Podríamos iniciar ya la denuncia ante la Comisión Interamericana, podríamos iniciar ya el proceso de restitución por la vía de la Procuraduría Fiscal o el Tribunal Agrario, pero por eso es una toma, porque necesitamos que el gobierno nos atienda, creemos firmemente que el discurso del gobernador y los actos que hemos visto en su administración a favor de los pueblos originarios va a guardar la misma línea, va a ser congruente con el tema, y va a atender al a comunidad”.
Torres Barreto aseguró que quieren creer que “el mandatario estatal no está enterado de la situación” que ocurre en San Juan Huizontla, ubicado al occidente de Michoacán, desde hace al menos 64 años, por lo que darán un plazo de 15 días para que se instalen las mesas de diálogo y conciliación.
