Representantes de la comunidad indígena de Arantepakua exigieron a las autoridades que hagan efectivas las órdenes de aprehensión que dictó un juez en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo y otros 15 exfuncionarios estatales por los delitos de tortura, abuso de autoridad y homicidio calificado, tras la incursión policial que se realizó el 5 de abril del 2017, con saldo de 5 muertos, 4 comuneros y 1 policía, así como decenas de heridos.
Refirieron que con su lucha se abre una oportunidad histórica para la justicia en México y que los “crímenes cometidos desde el poder pueden ser castigados”.
“Instamos a las autoridades de justicia a que hagan efectivas las detenciones de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, y que dio la orden de cometer la masacre, mientras que Juan BernardoCorona, en aquel entonces era secretario de Seguridad Pública Estatal, la institución que cometió las atrocidades. Así como ellos, hay otros políticos y funcionarios que participaron”.
Pese a que no se dictó orden de aprehensión en su contra, los habitantes de la comunidad indígena denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Adrián López Solís, operó “como un obstáculo sistemático para la verdad y la justicia”.
Señalaron que a lo largo los años se retrasaron diligencias clave, además se intentó desviar líneas de investigación y se buscó presionar a las víctimas para desistirse”,
Advirtieron que la reparación del daño también es un punto que debe tratarse y denunciaron que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, no ha cumplido con la ejecución de cuatro obras, las cuales están pendientes desde el 4 de abril del 2022.
“No aceptaremos simulación e incumplimiento en materia de reparación del daño. El Ejecutivo Estatal es inicio en atender los compromisos que ha pregonado, incluso públicamente, el 4 de abril de 2022, el Gobernador Provincial, la construcción de cuatro obras y hasta la fecha no han concluido ninguna sola de ellas.”
Con énfasis de que si no hay justicia para su comunidad no habrá paz para el gobierno, exhortaron al Poder Judicial a que no acepte ningún amparo, al advertir que de hacerlo, dicha acción será tomada como agravio hacia su comunidad.
Advirtieron que, si sus demandas no se atienden realmente, no aceptarán promesas y recurrirán a la protesta social.
