Con el reto de garantizar el retorno seguro y atender a los 12 mil michoacanos, en su mayoría mujeres y niños, que viven en la frontera norte por considerar en riesgo su vida, este martes se instaló el Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado en Michoacán, en el que participarán 15 dependencias estatales, federales y organismos descentralizados.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó el evento protocolario, donde aseguró que es la primera vez que se realizará este tipo de trabajo en Michoacán, al denunciar que otras administraciones “ocultaron deliberadamente la salida de cientos o miles de personas” por diversas situaciones de violencia.
Sin embargo, cuestionó a organismos y dependencias de su administración.
“Agradezco mucho la presencia de las instancias estatales, de la Comisión estatal de Búsqueda, también de la comisión de Víctimas, de la comisión de Víctimas Nacional (…). Hay una serie… Aquí está el SIPINNA, aquí está Gaby, está el DIF, entonces hay una serie, aquí está la Secretaría de la Mujer, hay una serie de instituciones, pero luego vemos como que y ¿dónde están?, ¿estarán tomando café, cobrando viáticos? ¿qué hacen?”.
La secretaria del Migrante, Brenda Fraga Gutiérrez explicó que el desplazamiento forzado es un fenómeno que se recrudeció desde el 2016, año desde el que se tiene el registro de “miles de personas” que migraron a la frontera Norte, en especial a la ciudad de Tijuana, donde se mantienen en 35 albergues.
Precisó que tras aplicar una encuesta, se logró conocer que 71% de los desplazados son mujeres, provenientes principalmente de Apatzingán, Uruapan, Aguililla, Morelia, Múgica, Tarímbaro, Tacámbaro, Jacona, Maravatío y Lázaro Cárdenas; en edad productiva, es decir entre 20 y 29 años; de los cuales el 88% salió de su lugar de origen por sentir en riesgo su vida o su integridad, por lo que casi 2 terceras partes han solicitado refugio o asilo al gobierno de Estados Unidos.
“El 90% de los encuestados consideran que es mejor moverse a Estados Unidos, mientras que el 9% decide establecer su residencia en otro país, mientras que el 1% de estas 624 personas encuestadas, solicita el que se generen condiciones para su retorno seguro y voluntario”.
Informó que el modelo integral de atención a los desplazados contempla la integración de una base de datos y diagnóstico, que no se tiene; la implementación de medidas emergentes y de ayuda humanitaria; la firma de un convenio entre el gobierno de Michoacán y el de Baja California; un operativo de retorno seguro y su reintegración a la sociedad.
