En México, la conversación pública comienza a subir en su tono de confrontación. Ahora, Ricardo Anaya, quien fuera candidato presidencial del Partido Acción Nacional en 2018, decidió hacer público su auto-exilio, aseverando que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no lo quiere en las boletas electorales del año 2024 y que lo quiere meter a la cárcel para suspenderle sus derechos políticos.
La acusación es severa, para el propio panista, para la democracia electoral, para el estado de derecho y para los mexicanos.
Desde luego, López Obrador ya le respondió; le dijo que, si no debe nada y no teme nada, no huya y no se ampare.
¿Debemos creerle a Ricardo Anaya?
Ricardo Anaya es político y ciertamente, los políticos en México no gozan de la mejor reputación e imagen. Además, se sabe que Anaya quiere ser candidato a la Presidencia en 2024 y, desde mi óptica, el auto-exilio que anunció, lo puede aprovechar como campaña de marketing político y comunicación, ya que un sector del electorado mexicano con toda seguridad lo tomará por víctima; pero además, esta narrativa hace ver a López Obrador como el villano que quiere destruirlo.
¿Debemos creerle a López Obrador?
El Presidente de México es un hombre obsesionado con la Presidencia Imperial del México antiguo. Le obsesiona verse como aquellos presidentes del viejo PRI que mandaban de manera totalitaria en el siglo XX. López Obrador destila sed de poder y venganza, y para muestra, el caso de Rosario Robles, que tiene más de dos años sin recibir una sentencia condenatoria o absolutoria.
Si Ricardo Anaya se queda en México, se arriesga a que López Obrador, a través de su brazo operador -la Fiscalía General de la República- lo someta a proceso judicial, suspendiéndole sus derechos políticos, lo cual le imposibilitaría ser candidato en 2024. No hay nada que le garantice a Ricardo Anaya, que López Obrador no quiera desbarrancarlo.
El Presidente de México no tiene empatía social, es más, no es un Presidente que haya llegado a gobernar para todas y todos los mexicanos. Ni siquiera ha gobernado eficazmente para los más pobres, como juró que lo haría al rendir protesta como Presidente.
¿Quiere una prueba de ésto?
De acuerdo a cifras de la ENIGH 2020 (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares) del INEGI, los programas sociales del gobierno federal, no cumplen el objetivo de ayudar más a los pobres. El 8% de ingresos de las viviendas del decil X (más rico) proviene de programas sociales; mientras que para las viviendas del decil I (más pobre), los programas sociales representan el 10% del total de sus ingresos.
En solo dos años y en medio de una recesión económica y crisis de salud, del 2018 al 2020, los hogares ricos duplicaron estos beneficios (apoyos del gobierno), mientras que los hogares más pobres los redujeron significativamente.
Esto arroja dos conclusiones muy claras:
- Los programas sociales que deberían estar dirigidos para reducir las desigualdades, las están incrementando; y,
- Los programas sociales representan prácticamente lo mismo para los más ricos, que para los más pobres.
¿Por qué no le están funcionando los programas sociales a López Obrador? Porque no son progresivos y carecen de interseccionalidad, dijo la Directora de Análisis Cualitativo en INDESIG (Instituto de Estudios de Desigualdad), Alma Luisa Rodríguez.
Me regreso a la denuncia que hizo Ricardo Anaya.
Sin duda, es peligroso que esto comience a suceder. López Obrador es un activo político que ha decidido no gobernar, pero sí quiere ser el fiel de la balanza para las elecciones de 2024. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han emitido resoluciones en el sentido de que el Presidente de México, su vocero y su equipo de comunicación, violan de manera sistemática las leyes electorales.
Este es el peligro.
Perseguir y encarcelar opositores políticos, se ha visto con dictadores como Sadam Husein, Stalin o Muamar el Gadafi. Y este peligro no deberíamos correrlo los mexicanos.
La democracia electoral es algo muy distinto. Deberíamos insistir en ella.
* El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho.
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