Entre una serie de señalamientos contra su propio órgano fiscalizador, el Congreso del estado suprimió la autonomía que mantenía la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), al eliminar la Unidad Programática Presupuestaria (UPP) que se creó apenas en 2020, con el voto a favor de 23 legisladores, 14 en contra del PRD,1 del PAN, PRI, y Encuentro Solidario, mientras que se abstuvo Fanny Pichardo Arreola, de la Representación Parlamentaria.
El pleno legislativo desechó la propuesta de la presidenta de la comisión Inspectora, Guillermina Ríos Torres que pretendía que se mantuviera por separado el presupuesto de la ASM y no aceptó tampoco la propuesta suspensiva del líder parlamentario perredista, Víctor Manuel Manríquez González, que calificó de inconstitucional el acuerdo.
“Es lamentable que este acuerdo del 14 de noviembre del 2022, suscrito por algunos integrantes de la JUCOPO, donde se aprueba este presupuesto de Egresos del Poder Legislativo y donde se deja sin efectos la UPP A-01 de la ASM, hecho que representa en sí mismo n una franca violación de los preceptos constitucionales que enmarca la Auditoría Superior de Michoacán”.
El priista Marco Polo Aguirre Chávez, quien encabezó la comisión Inspectora, cuando se logró la autonomía presupuestal del órgano fiscalizador, propuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aplique una auditoría financiera al ejercicio 2022, al recordar que se creó la Unidad de Control y Evaluación, como contrapeso del auditor.
Denunció que en la revisión del organigrama se encontró con personal que tiene Bachillerato y un Licenciado en Nutrición en áreas especializadas, lo que impide una correcta vigilancia del desempeño de la auditoría.
“En la dirección de Recepción de Denuncias e Investigación del órgano de control, que tendría que ser un brazo especializado de la Comisión Inspectora, que le ayudara a revisar los procedimientos de la Auditoría Superior, me encuentro que está María de los Ángeles García Ochoa, que tiene Bachillerato (…) Y José Ignacio Guillén Tapia, que es Licenciado, pero en nutrición”.
El diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez expuso un decálogo de presuntas irregularidades que ha cometido la Auditoría Superior de Michoacán, que van desde permitir que prescribiera la posibilidad de sancionar a ex servidores públicos en 3 mil expedientes, la adquisición irregular de un software por 9 mdp y la entrega de compensaciones a personal de manera discrecional.
Precisó que el titular del órgano fiscalizador presuntamente autorizó 2 pagos por 45.8 mdp a dos empresas propiedad de un empresario acusado de delito de peculado, lavado y evasión de dinero, además de que reconoció no haber cumplido con el pago de la fianza a la que está obligado.
“En noviembre del 2021, el titular de la ASM autorizó dos pagos de 45.8 mdp a dos empresas propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien con su esposa Inés Gómez Mont, se encuentran prófugos de la justicia, por ser acusados del delito de peculado, lavado de dinero y evasión fiscal; además de que dicho personaje fue señalado por la instalación de un sistema de espionaje con el ex gobernador Silvano Aureoles”.
Los legisladores descartaron que la medida se haya tomado a “contentillo” del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
