Entre críticas a las administraciones pasadas, al asegurar que endeudaron al estado pero no hicieron obras ni acciones para Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó en Palacio de Gobierno, la reforma Constitucional que aprobó hace 5 días el Congreso del estado y que prohibirá la contratación de deuda que trascienda una administración estatal, luego de que entre en vigor.
Recordó que entre 1993, con Ausencio Chávez Hernández y 2021, con Silvano Aureoles Conejo, la deuda pública estatal creció hasta los 22 mil millones de pesos y aunque en los últimos 3 años destinaron 20 mil millones no lograron saldarla.
“Entre 1993 y 2021, la deuda pública de Michoacán creció hasta 22 mil millones de pesos, tan solo en los últimos 3 años hemos destinado cerca de 20 mil millones de pesos al pago de créditos contratados en otras administraciones, 20 mil millones de pesos, es decir, en 3 años, hemos destinado casi la totalidad de la deuda y no hemos podido pagarla por los altos intereses, recursos que pudieron haberse destinado en escuelas, en hospitales, en caminos, en carreteras, en autopistas, en programas sociales, en salud, terminaron absorbidos en intereses y obligaciones financieras”.
Ante legisladores de Morena, PT, Verde Ecologista, PRI, PAN, PRD y la Representación Parlamentaria, sin que hubiera representación en tribuna de Movimiento Ciudadano o del Movimiento de El Sombrero, el mandatario reconoció el respaldo y la coincidencia de las fuerzas políticas en torno a este tema.
Señaló que en su gobierno se han destinado 40 mil millones de pesos a inversión productiva sin contratar deuda, pero a la fecha la deuda pública que tiene cada michoacano es de 4 mil 300 pesos, lo que se ha ido compensado con los 8 mil 400 de obra pública que se realiza por cada habitante del estado.
A nombre del Congreso de Michoacán, su presidente Baltazar Gaona García, reconoció que ni los legisladores conocen el destino que tuvieron los 22 mil millones de pesos de deuda que registra actualmente el estado, por lo que pidió a periodistas preguntarle a exgobernadores que destino tuvieron los recursos.
Recordó que en su momento se solicitó una Auditoría Forense, pero el resultado “no fue lo esperado” y no reveló a qué se destinó el dinero, ni se señaló a ningún culpable de actos de corrupción.
“Al día de hoy en el estado, hay una deuda de cerca de 22 mil millones de pesos, una deuda de la cual, considero, el Congreso de Michoacán le debe una explicación a todos los ciudadanos michoacanos, pero no solo el Congreso sino todas esas administraciones pasadas que ejercieron esos recursos y que al día de hoy, no sabemos en que pararon, vamos a aprovechar que hay varios medios de comunicación y reporteros, y ojalá nos puedan ayudar en preguntarles a exgobernadores en dónde quedó ese dinero, porque el Poder Legislativo ya intentó saber en dónde quedó ese dinero”.
El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial del estado, Roberto Santillán Ferreyra criticó las condiciones en que se aprobaron los créditos durante los últimos 25 años, al señalar que se pagaron las tasas de interés más altas del mercado, superiores al 10% por periodos mayores a los 16 años, lo que puso en riesgo de colapso a las finanzas del estado
Señaló que en el país el promedio de contratación de deuda fue de 108% en el mismo período, pero en Michoacán fue del 600%
