En total hermetismo, al no permitirse el ingreso de representantes de medios de comunicación ni familiares, se desarrolla la audiencia en la que se determinará si fue legal la detención de 167 presuntos integrantes de “Pueblos Unidos” que se registró el fin de semana en Uruapan y que son acusados por violación a la Ley de Uso de Armas y Explosivos, luego de que tenían en su poder armamento reservado para las corporaciones federales.
Los detenidos fueron trasladados en grupos en medio de un fuerte operativo de seguridad, desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República, hasta la sede del Poder Judicial Federal, localizada en la avenida Camelinas de la capital michoacana.
El recinto se encuentra fuertemente custodiado por policías estatales y federales, mientras decenas de familiares se mantienen en los jardines y en las inmediaciones del edificio central, en espera de conocer cuál será la determinación del juez federal, cuya identidad también se desconoce.
Una mujer, que pidió el anonimato denunció que pasaron más de 24 horas desde la detención del grupo sin que se les proporcionara ninguna información sobre su situación jurídica o su estado de salud, por lo que, en su caso, pudo ver a su hermanos hasta este lunes por la noche.
“Desde el momento en que es detenido, pasaron más de 24 horas, donde no nos dieron información y de ninguna manera nos permitieron verlo, por lógico, hasta el día de ayer tuve yo acceso a verlo, por la noche. Puse una queja en Derechos Humanos y la ratifiqué, pero ha estado ausente en esta situación”.
Señaló que pidió a la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) realice la revisión física de los detenidos, ya que conocen que fueron golpeados e insisten en que firmen hojas en blanco, con las que temen, puedan ser inculpados por algún delito, además de que no se les permitió el acceso a la audiencia, pese a que se les había comprometido que entraría una persona por detenido.
A la audiencia ingresaron cerca de 20 abogados particulares, quienes representarán a los detenidos de manera individual o de manera grupal, mientras que a los periodistas se informó que no podrían acceder, debido a las restricciones que se impusieron por la pandemia.
Ante la situación, la mujer aseguró que “existen videos que muestran que las personas fueron detenidos sin armas” y que salieron de la comunidad para hacer el recorrido por varios pueblos.
“Existe, no está registrada ante una institución gubernamental, pero este movimiento ya tiene cerca de 3 años, había comunicación con el gobierno, hacían ellos sus rondines, porque saben ustedes como había estado la situación en todo el país, como en Michoacán, porque han tenido personas desaparecidas y violentadas, y a veces tienes respuestas favorables. Tengo entendido que sí teníamos ciertos derechos porque no conozco hasta donde”.
Frente a la sede del Poder Judicial, aseguró que desde la detención de sus familiares se encuentran en Morelia y que existe temor de regresar a sus comunidades, ante la presencia militar y de delincuentes que pudieran buscar hacerles daño.
