La presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEEM), Yurisha Andrade Morales, aseguró que no observa ningún riesgo “fatal” en Michoacán para que puedan desarrollarse las elecciones.
En entrevista, expuso que existen zonas de tierra Caliente con sus particularidades, pero no es el caso de todo el territorio estatal.
“No lo percibimos así, cada elección tiene sus aristas y contextos sociales, a veces hemos visto los grupos indígenas que no dejan instalar las casillas y también depende del contexto en la época que vivimos, no vemos como una elección que tenga un riesgo fatal para el Estado tampoco, habrá zonas que no nos lo dudamos con este análisis de la Integralia donde Michoacán lamentablemente sí es uno de los estados que tiene mayor injerencia de estos grupos o que tiene mayor peligro en cuanto a seguridad para los candidatos, que lamentable que estén en los primeros lugares”, añadió.
Señaló que han escuchado que algunos candidatos han sido sustituidos o que se han bajado de la contienda porque no ven las condiciones por el tema de la seguridad que se vive en el estado, pero no ha llegado ante el Tribunal un asunto donde los candidatos acudan a exigir una medida ante está situaciones que están en el ámbito de justicia y seguridad.
Indicó que en el caso de Michoacán aún no existe algún precedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular la elección si no pueden hacer campaña los candidatos, así como tampoco hay algún supuesto en la ley, solo existe la situación que se presentó durante la elección a gobernador en Michoacán, en que se anuló la elección en cinco municipios, pero tuvo que ver más con el día de la jornada electiva.
Andrade Morales, precisó que en caso de que existiera una queja por parte de los partidos políticos, serán los tribunales los que establezcan los criterios que se apliquen en estos casos que se consideran atípicos, pero existe la vertiente penal en los delitos políticos-electorales, en donde la Fiscalía Especializada establece las acciones encaminadas a la prevención del delito y los temas de seguridad, que no son una competencia de los órganos electorales.
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