En Michoacán la ley debe garantizar la promoción del establecimiento de guarderías y estancias infantiles, en las cuales se brinde, en forma gratuita, alimentación, cuidados y educación a los hijos de las madres jefas de familia, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Por ello, la diputada por el Distrito de Puruándiro presentó ante el Pleno Legislativo, una iniciativa para reformar la Ley para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia del Estado, y así garantizar que mientras las madres trabajan o se capacitan para el trabajo, sus hijos puedan estar formándose en espacios seguros y gratuitos.
“Una de las decisiones más lamentables de este gobierno federal, fue la desaparición del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, sin que a nivel estatal se haya hecho algo aún al respecto, provocando una profunda afectación a estos dos sectores vulnerables y además a la población del estrato económico más bajo”.
La legisladora recordó que dicho programa a nivel nacional tenía cuatro mil millones de pesos de presupuesto, algo insignificante si se compara con el total de 513 mil millones de pesos destinados a otros programas de asistencia social.
“Esta determinación presupuestal del gobierno federal se traduce en una política pública de destrucción del sistema de derechos de las niñas y niños michoacanos; se están afectando a más de 12 mil niñas y niños de 81 municipios del estado”.
Julieta Gallardo subrayó que las mujeres jefas de familia no tengan una guardería donde cuiden a sus hijos significa la suspensión de los derechos de la mujer y de la niñez, pero también es la destrucción de parte del sistema de seguridad social que tiene como objetivo la reducción de la desigualdad social.
“Medidas como ésta es la forma más pronta y expedita de precarizar más algunos sectores ya de por sí marginados”, destacó.
Explicó que su propuesta prevé que el Gobierno del Estado de Michoacán emita la tarjeta rosa de acceso a guarderías para de esta manera contribuir al bienestar personal, familiar y social, que comprende la más elemental transferencia de carácter solidario y público, cuya responsabilidad fundamental recae en el Estado, y que busca proteger a este sector ante el descobijo que han sufrido ante el cierre de estancias infantiles.
