El candidato a la presidencia de Morelia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Carlos Torres Piña, subrayó que en su administración no existirá cabida para adjudicaciones directas o restringidas al generar obra pública en la capital, dirigiéndose a integrantes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM).
En reunión con el CCEEM, sostuvo que en la próxima administración que, aseguró, encabezará, se priorizará la participación abierta de empresarios michoacanos interesados en coadyuvar en el desarrollo infraestructural de la capital, siempre y cuando oferten los mejores proyectos de obra pública.
“Lo he dicho antes y lo sostengo: no habrá cabida para adjudicaciones directas en mi administración, no se beneficiará a amigos o allegados, se priorizará a las empresas con mejores propuestas y, sobre todo, le apostaremos a las constructoras locales”, remarcó.
En un comunicado, el abanderado de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México emitió esta postura al referirse a las presuntas irregularidades que giran en torno a la presente administración, que encabezó el candidato a la presidencia del PAN y el PRD, Alfonso Martínez Alcázar, quien fue denunciado por “los delitos de ejercicio abusivo de funciones, cohecho, lavado de dinero y delincuencia organizada”, esto luego de que el presidente con licencia fuera señalado por presuntamente haber tejido una red de tráfico de influencias para beneficiar a allegados con la contratación de millonarias obras públicas.
En la denuncia, se expone que el expresidente capitalino habría incurrido en irregularidades administrativas al adjudicar 154 obras públicas bajo una inversión de 576 millones de pesos, todo esto sin que existiera un proceso de licitación de por medio, es decir, los contratos se entregaron de manera directa.
Además de ello, se expone que otros 81 millones de pesos se ejercieron en 18 contratos con empresas a las que se les hizo una invitación restringida; esto quiere decir que sólo tuvieron que concursar con otras dos empresas, ante lo que las instancias involucradas investigarán si no existen vínculos entre la autoridad municipal y las constructoras que se vieron beneficiadas.
Hoy, la investigación y resolución de la misma, se encuentra en la cancha de la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
