El auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda informó que aún no concluye el procedimiento legal contra el Congreso del estado, por las observaciones preliminares que se hicieron a la LXXIII y LXXIV Legislaturas locales, tras detectar que en 2018 se pagaron prestaciones por alrededor de 267 millones de pesos que no se encontraban en el tabulador de sueldos ni se justificaron.
En entrevista, señaló que por el momento la observación no se hace de manera directa a un funcionario o servidor público sino a la Unidad Programática Presupuestaria, es decir, al propio Poder Legislativo.
“Está observado el Congreso del estado, hasta investigación haremos el informe individual de cada una de las personas que se encuentran en este proceso, ya llegando a investigación, no se podrá proporcionar ningún dato”.
Informó que se notificó de los hallazgos al presidente en turno de la Cámara de diputados y a quienes estuvieron en esa responsabilidad entre 2015 y 2018, así como a dos ex secretarios de administración del Poder Legislativo, pero aclaró que “ninguno entregó pruebas solo entregaron alegatos”.
El responsable de la fiscalización explicó que en esta etapa del proceso deben desvanecerse las observaciones, o bien ratificarse, para luego iniciar la etapa de investigación en la que los señalados como presuntos responsables “pueden aportar más pruebas y se verá el deslinde de responsabilidades de cada uno”.
Aguirre Abellaneda, descartó alguna presión o intento de los actuales legisladores locales de intervenir en la investigación que se lleva a cabo y explicó que el proceso se tardará al menos otros 6 meses.
