Morelia, Mich.— A pesar de que 7 homicidios de autoridades municipales en Michoacán ocurrieron entre 2022 y 2024, la Fiscalía General del Estado mantiene órdenes de aprehensión vigentes, investigaciones en trámite y carpetas aún en etapa de fortalecimiento, de acuerdo con lo informado por el Fiscal Carlos Torres Piña.
Confirmó que en el caso del presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, existe una orden de aprehensión vigente, al igual que en el homicidio de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, ambos expedientes con seguimiento ministerial en Apatzingán y Morelia, respectivamente.
“En el caso del presidente de Aguililla hay orden de aprehensión vigente; en el caso de Cotija también se tienen las órdenes de aprehensión vigentes”, afirmó el fiscal general.
Respecto al caso del presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida García, Torres Piña indicó que la orden de aprehensión ya fue ejecutada y que el proceso se encuentra en una etapa complementaria.
En tanto, en Tepalcatepec, donde fue asesinada la presidenta municipal Martha Laura Mendoza Mendoza, la investigación continúa abierta sin que se hayan informado detenciones hasta el momento.
Sobre el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el fiscal detalló que una persona identificada como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, fue vinculada a proceso como presunto autor intelectual; sin embargo, la carpeta de investigación aún se encuentra en integración.
En una segunda declaración, Torres Piña reconoció que algunas investigaciones no han sido concluidas y que se requiere mayor trabajo ministerial para su judicialización total.
“En el caso de Carlos Manzo estamos en la etapa de fortalecer más la investigación y la carpeta; fue vinculado al proceso y nos dieron tres meses para poder seguir con la investigación”, señaló.
De acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, otros expedientes permanecen sin resolverse plenamente, como el del presidente municipal de Churumuco, Guillermo Torres Rojas, que cuenta con una orden de aprehensión vigente, y el de Contepec, donde se dictó una sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria tras la inasistencia de un testigo clave.
