A 7 años de los hechos, suman más de 750 víctimas directas e indirectas de la incursión policial en la comunidad indígena de Arantepakua, municipio de Nahuatzen, que están en espera de la reparación del daño, ya que por determinación de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CNAV), se elaboró un registro nuevo y hace dos años más de 600 habitantes de la localidad se dijeron afectados por lo ocurrido.
La subsecretaría de Derechos Humanos del estado, Elvia Higuera Pérez, explicó que las víctimas directas son las viudas de 3 hombres y la abuelita de un menor de 17 años de edad asesinados con arma de fuego, así como un centenar de personas que fueron víctimas de tortura y detención arbitraria.
“Tenemos otra categoría, que la Comisión Nacional (de Víctimas) nos pidió elaboráramos un registro nuevo y ahí se elevó a 600 más o menos víctimas nuevas, es decir, tenemos un aproximado de 750 víctimas en el caso de Arantepakua, pero ahí únicamente son 4 las 3 viudas y la abuelita que son víctimas directas, las personas que entran a la categoría de torturados y privados de la libertad y las 600 adicionales que nada más estarían transitando por un tema de reparación y acompañamiento médico o psicológico”.
En entrevista, señaló que corresponderá a la Comisión Nacional determinar el procedimiento para la reparación del daño de las más de 600 víctimas nuevas, mientras que en el caso de las víctimas directas, el monto de la reparación debe calcularse de acuerdo a los parámetros que establece la Ley General de Víctimas.
La subsecretaria precisó que en atención a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla está listo para ofrecer una disculpa pública por las graves violaciones que se cometieron el 5 de abril del 2017, pero aclaró que las autoridades tradicionales y las propias víctimas no lo consideran “oportuno”.
Aclaró también que la Fiscalía General de la República (FGE), no ha aceptado atraer la investigación de lo ocurrido, como solicita la comunidad, desconfiada de las investigaciones que realiza la Fiscalía estatal, ya que la encabeza Adrián López Solís, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno, cuando se registró el ataque a la localidad.
“Incluso el gobernador firmó una petición a la Fiscalía General de la República para que ellos atrajeran la carpeta de investigación, el mismo fiscal del estado, él mostró su disposición de que la carpeta fuera concluida por parte de la FGR, pero hasta este momento no ha aceptado al 100% el tema de las investigaciones, lo que ofreció fue la coadyuvancia para en conjunto con la del estado realizar una serie de diligencias que estaban pendientes, pero ahí está en la cancha de las fiscalías”.
Explicó que en lo que se refiere a la reparación del daño colectiva, a la fecha ya se entregó la Unidad Deportiva que se acordó con la comunidad y están en espera que este mismo año quede concluido el hospital de especialidades que construye el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la localidad, por lo que solo estaría pendiente el Memorial.
