El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién Santos anticipó una serie de amparos en caso de que el gobierno de Michoacán pretenda hacer obligatoria la contratación de la Policía Auxiliar a instituciones bancarias o comercios, al advertir que personas físicas o morales tienen el derecho constitucional a definir “quien quieren” que las vigile.
Señaló que la reforma al artículo 105 de la Ley Estatal de Seguridad Pública, sólo fortaleció a una “policía auxiliar y complementaria”, pero consideró que no lleva a cabo labores de Seguridad Pública “porque cobra”.
“Pienso que sí va a haber amparos, de entrada las instituciones bancarias como cualquier comercio tienen sus propias políticas de seguridad y tienen que saber a quién contratar y a quien no deben de contratar, tendrá que acreditársele a quien decida contratar a este tipo de servicios, que también este tipo de personas están debidamente evaluadas, capacitadas, registradas y que conocen en materia de seguridad privada”.
Luego de que el gobernador pidió a las instituciones financieras “no ampararse” y asumir que será obligatoria la contratación de policías auxiliares, el representante de las empresas de seguridad privada afirmó que nadie puede hacer tal petición.
“No comulgo con el criterio, y lo digo de una manera muy respetuosa de que no te puedes amparar, nadie puede violentar un derecho constitucional, un derecho que hoy se consagra a favor de las personas morales, de las empresas y de las personas físicas”.
En tanto, el secretario de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada en el estado, Roberto Castañeda Vidrio consideró necesaria una revisión a fondo de la norma vigente, ya que mientras la Ley estatal de Seguridad Privada les autoriza a prestar servicios de protección de personas, custodia y traslado de bienes y vigilancia a distancia, ahora el estado busca monopolizar el servicio.
“Hay una sobrerregulación en las empresas que ya estamos prestando el servicio en el estado, nos regula el estado y nos regula la federación y muchas veces esas leyes se contraponen y hay recovecos donde se contradicen. Lo que buscamos con apoyo del Congreso del estado y el apoyo de una sola ley unificada no tengamos esas lagunas en la ley”.
Señaló que aunque no se tiene la información de todas las empresas que prestan ese servicio, calculan que son cerca de 400, de las cuales, el padrón de la SSP solo tiene el registro de 109.
En la reforma que se aprobó en julio pasado, se estableció que la policía auxiliar “tendrá por objeto prestar servicios especializados de custodia, vigilancia, traslado, guardia y seguridad de personas, bienes, valores e inmuebles, a dependencias, entidades y órganos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como a instituciones públicas y privadas, órganos autónomos federales y locales; y, a todas aquellas personas físicas y morales que requieran de sus servicios”.
Sin embargo, no se establece que sea obligatoria la contratación.
