Como se temía, la Cámara de Diputados aprobó un severo recorte presupuestal al INE. Para llevar a cabo las elecciones de ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces y otros cargos judiciales, el Instituto solicitó 13,255 millones de pesos, pero la mayoría legislativa determinó una disminución total de 13,476 millones. En términos netos (considerando que el año próximo no habrá ninguna Consulta Popular), para las elecciones judiciales al INE le quedan únicamente 4,350 millones, apenas el 33 por ciento de los costos estimados. Este es el recorte más grande (tanto en pesos corrientes como constantes) que el IFE y el INE hayan sufrido en toda su historia.
Con esa decisión, el bloque oficialista de la Cámara multiplica las dificultades organizativas y técnicas que de suyo arrastran unas elecciones inéditas en México y excepcionales en el mundo. Dentro del INE es casi unánime la apreciación de que someter a elección popular más de 850 cargos, con más de 5,000 candidaturas, conlleva retos y obstáculos casi insalvables en aspectos normativos, operativos y técnicos. Tales dificultades se acentúan al contar la autoridad electoral con menos tiempo que nunca para organizar unos comicios.
La eficiencia, la equidad y la confiabilidad con las que el IFE en su tiempo y después el INE han organizado 12 procesos electorales federales (y participado en decenas de comicios locales), serán inalcanzables en las condiciones que el bloque oficialista -el mismo que aprobó apresurada e impensadamente las elecciones de juzgadores- está imponiendo a la autoridad electoral. Mencionaré sólo tres tipos de problemas muy complejos, entre muchos otros, que el INE tendrá que resolver, pero ahora con menos dinero y menos tiempo que los necesarios.
Marco geográfico electoral. Las demarcaciones a partir de las cuales el INE organiza las elecciones -entidades federativas y 300 distritos electorales- son diferentes a las demarcaciones judiciales, divididas en circuitos y distritos. Los circuitos judiciales se corresponden aproximadamente con las entidades federativas, aunque en seis estados la coincidencia es sólo parcial. En cambio, los distritos judiciales nada tienen que ver con los distritos electorales. Agrupar a los electores en distritos electorales y distribuir entre estos las candidaturas de jueces de distrito y magistrados de circuito exigen mucha imaginación técnica y grande dosis de arbitrariedad. En la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León hay más juzgadores que en otras entidades semejantes en tamaño de población; por lo tanto, tendrán más candidaturas y su elección será aún más complicada. Además, será insalvable la falta de correspondencia entre la asignación de cargos de jueces a determinados distritos electorales y su competencia jurisdiccional. Muchos de los jueces y juezas penales y de materias especializadas (competencia económica, telecomunicaciones, seguridad nacional, etc.) sólo podrán ser votados en la Ciudad de México, aunque sus decisiones judiciales tengan alcance nacional. Así se incumplirán dos principios: la igualdad entre los ciudadanos y el derecho a votar por sus potenciales juzgadores.
Funcionarios de mesa directiva de casilla. La tarea más decisiva y costosa de todas necesarias para organizar unas elecciones es la conformación de mesas directivas de casilla, con ciudadanos seleccionados por sorteo y capacitados para garantizar su imparcialidad y eficacia para recibir y contar los votos. Para esa actividad el INE presupuestó la contratación de cerca de 50 mil capacitadores y supervisores electorales para designar cerca de un millón de funcionarios de casilla, con un costo global de más de 4 mil millones de pesos. El recorte presupuestal hará imposible instalar esa cantidad de casillas. Estas tendrán que concentrarse en centros votación con muchas mesas y miles de electores por cada una de ellas. Las consecuencias serán: casillas menos cercanas al domicilio de muchos electores, filas de espera más largas que difícilmente podrán desahogarse en una sola jornada electoral, desarrollo más lento de la votación y menor participación ciudadana.
Boletas electorales. El INE tendrá que mandar a imprimir aproximadamente 600 millones de boletas (mientras en las elecciones federales se imprimieron cerca de 300 millones). Estas boletas no tendrán emblemas de partidos para que los ciudadanos simplemente marquen el de su preferencia; en cambio, llevarán listas con decenas de nombres de candidatos. Las boletas tendrán que ser más grandes que las usuales o imprimir los nombres con letras muy pequeñas, Por escasez de dinero, las boletas difícilmente podrán llevar todas las medidas de seguridad que se han incluido en otras elecciones. Las urnas tendrán que readecuarse para dar cabida a boletas probablemente más grandes. Teniendo a la vista decenas de nombres, cada persona se tardará mucho más tiempo para votar que el usual. Aumentará mucho la probabilidad de que los votos se anulen por error en el marcaje. Será casi imposible que los votos sean contados por los propios funcionarios de casilla. Los cómputos tendrían que trasladarse a los consejos distritales.
Estas dificultades, agravadas por el recorte presupuestal, podrían casi duplicarse en los estados donde también se elegirán jueces y magistrados de carácter local. En esos casos, el colapso de la jornada electoral será más probable. ¿Quiénes se harán responsables de las consecuencias de un recorte presupuestal tan desproporcionado?
