El pasado 1.º de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Segundo Informe de Gobierno. Como ocurre en este tipo de actos, el mensaje estuvo acompañado por cifras destinadas a mostrar los avances alcanzados durante los primeros dos años de su administración.
En materia de salud, se habló de nuevos hospitales, quirófanos modernizados, contratación de especialistas, visitas domiciliarias y distribución de medicamentos.
De acuerdo con lo informado por la presidenta, actualmente se encuentran en operación 33 nuevos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del IMSS-Bienestar.
A ellos se suman 11 unidades de medicina familiar, 36 centros de salud y consultorios, así como la habilitación de 650 quirófanos. También señaló que, a lo largo del sexenio, se construirán 152 unidades de salud que agregarán alrededor de nueve mil camas al sistema público.
Son cifras importantes y sería incorrecto desestimarlas sin analizarlas. México necesita más hospitales, camas, consultorios y quirófanos. Durante décadas, el crecimiento de la infraestructura sanitaria no ha avanzado al mismo ritmo que las necesidades de una población cada vez más numerosa, envejecida y afectada por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer y enfermedad renal.
Sin embargo, un informe gubernamental no debe evaluarse únicamente por la magnitud de las cifras presentadas, sino por lo que estas representan en la vida cotidiana de las personas.
La verdadera pregunta no es solamente cuántos hospitales fueron inaugurados, sino cuántos funcionan con el personal, el equipo, los medicamentos y los insumos necesarios para atender oportunamente a los pacientes.
Un edificio nuevo no constituye, por sí mismo, un servicio de salud. Un quirófano puede estar equipado y, aun así, permanecer subutilizado si faltan cirujanos, anestesiólogos, personal de enfermería, medicamentos, material de curación, estudios preoperatorios o camas para la recuperación. De manera semejante, aumentar la cantidad de camas instaladas no garantiza que existan suficientes profesionales para atenderlas.
La infraestructura es indispensable, pero representa solamente una parte del sistema. Para que verdaderamente se traduzca en atención, debe estar acompañada por personal suficiente, mantenimiento, recursos económicos, capacidad diagnóstica, medicamentos y una organización que permita responder a las necesidades de la población.
Uno de los anuncios más destacados del informe fue la distribución de alrededor de dos mil millones de piezas de medicamentos e insumos médicos. La cifra impresiona por su tamaño y permite dimensionar la complejidad logística que implica abastecer a miles de unidades de salud.
No obstante, contar las piezas distribuidas no necesariamente permite conocer si los pacientes recibieron el tratamiento indicado, completo y en el momento en que lo necesitaban.
No todos los medicamentos tienen la misma importancia clínica ni responden a las mismas necesidades. Puede existir una gran cantidad de ciertos productos en los almacenes y, al mismo tiempo, faltar un antihipertensivo, una insulina, un anticonvulsivo, un antibiótico o un medicamento oncológico indispensable para un paciente específico.
Por ello, el abasto no debería medirse únicamente por el número de piezas compradas o distribuidas, sino por el porcentaje de recetas surtidas de manera completa y oportuna en cada unidad médica.
La presidenta también aseguró que los hospitales que atienden a pacientes con cáncer cuentan con los medicamentos necesarios. Se trata de una afirmación particularmente relevante, pero también difícil de generalizar. La disponibilidad de estos tratamientos debe comprobarse permanentemente en cada institución, unidad médica y región del país. No basta con que un medicamento haya sido adquirido o enviado; tiene que encontrarse disponible cuando el paciente acude a recibirlo.
En salud, una cifra nacional puede ocultar desigualdades locales. Un promedio favorable no describe necesariamente lo que ocurre en comunidades rurales, hospitales regionales, centros de salud alejados o unidades con una demanda superior a su capacidad. Tampoco muestra cuánto tiempo espera una persona para obtener una consulta, realizarse un estudio, recibir un diagnóstico o iniciar un tratamiento.
Otro de los programas destacados fue Salud Casa por Casa, mediante el cual, según el informe, alrededor de 20 mil profesionales han realizado más de 23 millones de visitas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad. El planteamiento tiene un valor indiscutible: acercar los servicios a quienes enfrentan dificultades para desplazarse puede favorecer la detección de enfermedades y el seguimiento de padecimientos crónicos.
Sin embargo, también aquí debemos formular la pregunta que corresponde: ¿qué sucede después de la visita? Detectar presión arterial elevada, glucosa fuera de control, deterioro renal, desnutrición o alguna limitación funcional es apenas el primer paso.
El beneficio real aparece cuando la persona puede acceder a estudios confirmatorios, consulta médica, medicamentos, seguimiento y atención especializada. Una visita domiciliaria que identifica un problema, pero no consigue resolverlo mediante una ruta efectiva de atención, corre el riesgo de convertirse únicamente en un registro adicional.
Un informe presidencial presenta la visión del gobierno sobre sus propios resultados. Es comprensible que destaque los logros y las acciones emprendidas. Sin embargo, la evaluación del sistema de salud no puede limitarse al discurso oficial. También debe escuchar a los pacientes que esperan meses por una consulta, a las familias que compran medicamentos que deberían recibir gratuitamente y al personal sanitario que trabaja con recursos insuficientes.
La salud no se garantiza mediante el tamaño de una cifra ni por la fuerza de un discurso. Se garantiza cuando una persona enferma encuentra atención, cuando su receta es surtida, cuando no debe esperar meses por un estudio y cuando su tratamiento no se interrumpe por fallas administrativas.
En materia de salud, informar que se distribuyeron medicamentos no es suficiente, deben llegar al paciente, inaugurar hospitales tampoco basta, deben funcionar, y, reconocer la salud como un derecho exige mucho más que repetirlo en un discurso; exige hacerlo efectivo.
Nos vemos en la próxima entrega.
