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El desacato judicial se castiga hasta con cárcel, advierte Adriana Hernández

“Violan la ley quienes deberían hacer que se cumpla”, señaló la diputada local por el PRI, Adriana Hernández Íñiguez, al referir que el intento de la mayoría de Morena y aliados que busca concretar el nombramiento de un nuevo auditor Superior de Michoacán este mismo miércoles parte de un proceso en el que se comete desacato a un mandato judicial.

Dado que no se ha resuelto el amparo que promovió el extitular del órgano fiscalizador, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda explicó que la propia presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Laura Ivonne Pantoja Abascal no se prestó a citar a sesión y fue por acuerdo de la mayoría de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que se hizo la convocatoria a la plenaria, con el voto en contra de PRI, PAN y PRD.

“Es totalmente una violación y, de entrada, ya quienes aprueban esta sesión son los que están cometiendo este desacato”.

Entrevistada por el periodista Carlos Monge para PostData Radio, la legisladora michoacana, advirtió que los legisladores que avalen este proceso podrían tener consecuencias que van desde la suspensión de sus derechos como diputados hasta cárcel porque se castigaría “un desacato judicial”.

Recordó que la expresidenta del Congreso local, Julieta García Zepeda, ya incurrió en desacato al negarse a suspender la sesión plenaria en la que se removió a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, pero advirtió “que esto es peor”.

Hernández Íñiguez, confió en que los legisladores del PRI, PAN, PRD y Encuentro Solidario mantengan “su postura de unidad” a favor de la legalidad, como ocurrió con la convocatoria a la sesión.

Señaló que entre los legisladores se comenta que el voto de la bancada de Morena y aliados será para el encargado de despacho, Marco Antonio Bravo Pantoja, al denunciar que “guarda un parentesco” con “alguno de los diputados que impulsa que se lleve de inmediato la sesión”.

Ante la relación que guarda con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la diputada consideró que, al margen de la capacidad y facultades del también Auditor Especial de Normatividad, su nombramiento “no es lo correcto”, porque es uno de los temas que más se criticó al gobierno de Silvano Aureoles Conejo, luego de que se designó al exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas, en ese cargo.

“Ahora resulta que lo que más criticaron del gobierno anterior, es lo que están haciendo, parece que esa es la escuela que siguen, los conciertos, así nos podríamos ir mencionando muchas cosas que pareciera que ya se les olvidó”.

De acuerdo a la norma, el nombramiento del Auditor Superior de Michoacán debe hacerse por 2/3 partes de diputados presentes en la sesión, quienes podrán votar hasta en 2 ocasiones, pero de no lograr la votación que se requiere, la Comisión Inspectora deberán presentar una nueva terna en un plazo máximo de 10 días hábiles.

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