Con el objeto de crear un ambiente de igualdad y respeto hacia las mujeres en su participación dentro de la vida política de la entidad, la diputada local Cristina Portillo, presentó, en sesión virtual del Congreso del Estado, una iniciativa que reforma el Código Penal del Estado de Michoacán a fin de castigar las diferentes expresiones de la violencia política por razones de género.
“La violencia política contra las mujeres se ha invisibilizado y normalizado en nuestra sociedad y eso desalienta su participación y en consecuencia la posibilidad de que sus demandas se vean representadas en los distintos órganos e instituciones del estado mexicano”, señaló.
“Con esta reforma, pretendemos que se castiguen todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, teniendo un impacto diferenciado en ellas o afectándoles desproporcionadamente, con el objeto de menoscabar sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio del cargo”, apuntó Portillo Ayala en un comunicado, donde precisó que el derecho al voto y la garantía legal de la paridad no son suficientes ante un entorno social y cultural que obstruye el camino hacia la igualdad.
La diputada moreliana señaló que han sido las fuerzas progresistas las que han colocado de forma prioritaria en su agenda la necesidad de la paridad y de avanzar en la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. “Hemos logrado mucho, pero aún falta por hacer. Debemos apostar a corregir conductas sociales que actúan como escollos a la igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, requerimos tipificar la violencia política de género, ya que una de las finalidades de la penalización es mandar mensajes de qué conductas son reprochadas por la sociedad”.
La reforma propuesta por Portillo Ayala señala 16 actos o conductas que pueden ser consideradas como violencia política de género, dentro de las cuales destaca la realización de expresiones físicas, verbales o simbólicas que vayan en detrimento del goce de los derechos políticos de las mujeres; actos de desprestigio en contra de mujeres que participen como candidatas a puestos de elección popular y la intimidación de alguna mujer para que desista de participar políticamente, se lee en el comunicado.
