El titular del Ejecutivo Estatal deberá informar al Poder Legislativo acerca de la política pública que se está instrumentando contra la inseguridad en Michoacán, esto por acuerdo propuesto por la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Con el voto a favor del Pleno Legislativo, se solicita al Ejecutivo que informe por escrito, en un plazo de 10 días naturales, todos los elementos que conforman la política pública de combate a la inseguridad que su Gobierno ha emprendido y tiene planeado implementar, así como su política económica sectorizada que incluya cronograma de acciones e implementación.
En la Máxima Tribuna del Estado, al exponer las razones de su propuesta, la diputada por el Distrito de Puruándiro señaló que los meses han pasado desde que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla asumió el cargo, pese a ello sólo se ha observado un continuismo en las políticas públicas emprendidas.
“La falta de políticas públicas coherentes configura un escenario complejo de pobreza, desempleo, informalidad, precariedad laboral y vulnerabilidad social, incluso el crecimiento económico es un elemento necesario, pero insuficiente en el abatimiento de los enormes rezagos que tenemos es casi todos los ámbitos, con tristeza observamos que Michoacán es de los estados más atrasados y con uno de los niveles más graves de inseguridad, falta de crecimiento y desolación en los michoacanos”.
La diputada integrante de la Representación Parlamentaria puntualizó que, si se revisa el comportamiento del Presupuesto de Egresos del gobierno de Michoacán en los últimos 5 años, no se observan cambios sustanciales.
“Siguen siendo las mismas dependencias –una secretaría más-, los mismos montos en términos reales –con la diferencia inflacionaria-, los mismos impuestos, las mismas estrategias para obtener ingresos extraordinarios –placas, licencias, deuda y desincorporaciones-, hasta los funcionarios se han reciclado”.
Es así, como Julieta Gallardo destacó la importancia de conocer la política pública de este Gobierno para el combate a la inseguridad ya que el Congreso es corresponsable, y en caso de no existir, orientar y dirigir el camino para que éstas se generen.
