Morelia, Michoacán.— Los grupos parlamentarios del Congreso del estado se negaron a aplicar anticipadamente el Plan B a partir de enero de 2027, por lo que el presupuesto del Poder Legislativo no tendrá ninguna reducción durante la actual Legislatura, informó Baltazar Gaona Sánchez, presidente de la Mesa Directiva.
El diputado explicó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado envió una carta para solicitar que el Congreso se apegara al Plan B desde enero de 2027; sin embargo, el planteamiento fue revisado en la Junta de Coordinación Política y rechazado por todas las fuerzas parlamentarias.
“Respecto al Plan B, sí, en una rueda de prensa comenté que había llegado una carta por parte de la Secretaría de Presupuesto del Gobierno del Estado, donde solicitaba que nos apegáramos al Plan B desde el mes de enero de 2027”, señaló.
Detalló que el consenso fue mantener el presupuesto del Congreso e incluso considerar un incremento por la inflación y por los laudos laborales pendientes. “Al respecto, nosotros estuvimos en reunión de la Junta de Coordinación Política. El consenso entre todas las fuerzas fue que se siguiera respetando el presupuesto del Congreso, que incluso hay que considerar la inflación y que posiblemente pudiera tener un incremento por el tema de los laudos que están pendientes”, afirmó.
Gaona Sánchez indicó que existen alrededor de 120 laudos laborales que buscan dejar acordados o finiquitados antes de que concluya la actual Legislatura, para evitar que esa responsabilidad sea heredada. “Queremos que cuando salga esta Legislatura, pues todos los laudos, todos los temas laborales de laudos que hay en el Congreso, que son como 120 más o menos, puedan estar ya acordados o finiquitados, para que la siguiente Legislatura ya no tenga esa responsabilidad”, expresó.
Enfatizó que la actual Legislatura no tiene voluntad de aplicar anticipadamente la reducción, porque el decreto aprobado establece que los ajustes corresponderán a quienes integren la siguiente. “Entonces, en este sentido, esta Legislatura no tiene la voluntad de aplicarlo anticipadamente, que precisamente externaron que precisamente por eso se aprobó, porque el acuerdo era que hasta la siguiente Legislatura hiciera los ajustes que quisiera o creyera convenientes”, manifestó.
El presupuesto actual del Congreso es de aproximadamente mil 200 millones de pesos y se contempla un incremento acorde con la inflación, calculada en un promedio de 4 por ciento, además de analizar la posibilidad de destinar alrededor de 100 millones de pesos adicionales para finiquitar los laudos.
A pregunta expresa, confirmó que el rechazo fue generalizado entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. “Fueron todos los grupos parlamentarios, de manera general, todos con diferentes argumentos mencionan que ellos no van a hacer ningún ajuste, que eso le corresponde a la siguiente Legislatura, como lo marca la aprobación del decreto del Plan B”, afirmó.
El diputado añadió que, cuando sea aplicado el Plan B, primero deberán reducirse los gastos de los legisladores, las dietas y otros conceptos adicionales, así como actividades que no sean esenciales. Entre las actividades susceptibles de recorte mencionó las decoraciones, las sesiones fuera del recinto y el personal que no desempeñe funciones esenciales.
Actualmente, el Congreso cuenta con entre 400 y 500 empleados, destina cerca de 600 millones de pesos al capítulo 1000. Con la reducción planteada en el Plan B, su presupuesto quedaría en 755 millones de pesos. “Primero, si hay aviadores, buscarlos, cortarlos a todos, y los que no tengan una actividad esencial, pues también se tendrían que retirar”, declaró.
